La política económica actual se debate en la pulseada entre el Palacio de Hacienda y la Subsecretaria de Energía. Desde Hacienda, se sostiene que un mayor déficit fiscal y más emisión monetaria necesariamente terminará impactando en una mayor brecha cambiaria y en más inflación. Asimismo, la reducción del déficit (de casi el 7% el año pasado a menos de la mitad este año) es el instrumento de negociación de la deuda (por u$s 44.000 millones) con el FMI.
No obstante, el ajuste fiscal ya ha comenzado. Por una parte, en el primer trimestre, los ingresos reales aumentaron un 15%. Y, por otra parte, los gastos primarios cayeron 4,5%, también en términos reales. A pesar que no se eliminó la mayor parte del gasto que implico la situación sanitara. El Core del ajuste está en jubilaciones y gasto social (AUH), que representan el 60% del gasto operativo total, con una caída de 7,3% en términos reales. El gasto en salarios públicos cayó un 14,5% en marzo de 2021 (respecto al mismo período de 2020) en términos reales. Y los salarios sólo crecieron un 21,4% (en términos nominales), con una inflación que alcanzó el 42,6% (en los 12 meses previos).
El deterioro del salario en términos reales es algo que preocupa en este contexto. Si bien, según el INDEC, el índice de salarios del total de trabajadores formales creció 4,7% en febrero de 2021, por encima del 3,6% de la inflación, en el acumulado de los últimos 12 meses, sólo subieron un 28,8%. También, en el acumulado de los últimos 12 meses, el índice de salarios del sector privado registrado corre al 29,4% (interanual). En ambos casos, muy por detrás de la inflación acumulada para del mismo período (40,6% interanual).
Entre de marzo y diciembre de 2020, los salarios privados ya habían caído fuertemente en términos reales: aumentaron 18,3% (nominal) y la inflación de ese período fue de 30,5%. Asimismo, la inflación acumulada del primer trimestre de 2021 fue del 13%. Con este panorama, y con esta inercia inflacionaria, es muy difícil que los salarios se recuperen y sería el cuarto año consecutivo de caída del poder adquisitivo.
Detrás de la puja entre Hacienda y Energía, está la definición de la actualización del cuadro tarifario de las empresas de servicios públicos (congeladas desde abril del 2019). Nada más ni nada menos que en un año electoral, en el que se debate el peso que el fisco deberá soportar en materia de subsidios económicos. Para ponerlo en perspectiva, sólo en 2020, la carga fiscal de los subsidios fue equivalente al 2,5% del PBI (casi $700.000 millones). De total de los subsidios, un 1,8% del PBI correspondió a subsidios a la energía y un 0,8% del PBI a subsidios al transporte. Ya en el primer trimestre de 2021, los subsidios crecieron al 77% interanual (en términos nominales), respecto al mismo trimestre de 2020.
Desde el Ministerio de Economía, se buscaba que el monto de los subsidios se mantuviera constante, en relación al PBI. Eso significaba, un 2,5% del PBI ($975.000 millones). Vale decir, una suba de las tarifas cercana al 30% en el año. De sostenerse el congelamiento tarifario, la carga de subsidios pasaría de 2,5% en 2020 al 3,3% del PBI en 2021 (2,3% del PBI en energía y 1% del PBI en transporte). Es decir, un aumento de 0,8% del PBI. Las tarifas también impactan en el mercado cambiario y en la escasez de dólares del BCRA. Sin autoabastecimiento, el riesgo de que se vuelvan a disparar las importaciones de energía estaría latente. Un factor más de presión sobre las reservas, de persistir con el congelamiento.
En síntesis, el conflicto por las tarifas y sobre el rumbo de la política económica mina el campo de la negociación con el FMI y tiene un impacto desde lo fiscal. En el corto plazo, condiciona el manejo de la segunda ola y pone en tela de juicio la capacidad de avanzar en un plan de estabilización, que evite a futuro un nuevo salto de la brecha cambiaria y una aceleración inflacionaria. Las tensiones económicas afloran para aquellos que toman las decisiones de invertir o no (por encima de la eventual salida de un subsecretario).
Más allá de la pandemia y de nuevas restricciones que condicionen el rebote de la actividad, inexorablemente, y ante la falta de margen, habrá que poner especial atención a las restricciones externas. Las reservas líquidas del BCRA se encuentran en niveles mínimos. En el marco de precios internacionales muy favorables, los dólares seguirán siendo la mercadería más escasa y no habrá lugar para moderar las restricciones que han impuesto. Pensemos que la calma cambiaria no se sustenta en ninguna modificación consistente de los fundamentales.
El desafío también estará en atender las necesidades de los sectores más afectados por la crisis y por las políticas adoptadas frente a la emergencia sanitaria, sin que ello termine alterando seriamente la estabilidad fiscal y monetaria. Pensar en solvencia fiscal y en austeridad traerá, con seguridad, tensiones en el arco político.
(*) Profesor de la Universidad del CEMA.
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