En 1973 Perón eliminó las retenciones para el campo

El 6 de setiembre de 1973, después de haberse firmado con las entidades agrarias un «Acta de compromiso para el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales y la pesca», el presidente Juan Perón reunió a la Sociedad Rural, Coninagro, Carbap y Federación Agraria y les dirigió un discurso magistral. Les dijo que en su primera presidencia había dispuesto un traslado de ingresos del campo a la industria, para permitir un desarrollo integrado. Ahora llegaba la hora de complementar a todos los sectores en un esfuerzo productivo, donde no se justificaban explotaciones ociosas.

Debíamos pasar de 50 millones de cabezas de ganado a 200 millones, dijo. El Acta de Compromiso establecía una meta de 80 millones de toneladas de granos, el financiamiento del Banco Nación para la siembra y el esfuerzo del Estado para ganar nuevos mercados. El Estado se comprometía a asegurar un marco estable para la década. No habría retenciones al estilo de las creadas por Krieger Vasena.

El instrumento fiscal nuevo, que nunca llegó a sancionarse, era el impuesto a la renta potencial de la tierra, que tendía a gravar las explotaciones ineficientes, favoreciendo correlativamente a las actividades productivas y tecnológicamente avanzadas. La cuestión de la tenencia de la tierra no era soslayada, incorporando el fomento de la colonización, dando estabilidad a los arrendatarios y creando el arrendamiento forzoso de las tierras inexplotadas. El ingeniero Orlando D'Adamo, secretario de Programación Económica, que era ingeniero agrónomo, hizo importar las primeras semillas de soja para promover su producción. Treinta y cinco años después, la soja se ha extendido por las tierras argentinas, generando una enorme rentabilidad. Hoy Cuba ha hecho un convenio con Brasil para sembrar en la isla 50.000 ha de soja. Un programa incorporado al Plan Trienal de 1973, elaborado por la Facultad de Agricultura y Veterinaria, propiciaba la extensión de la frontera agropecuaria para desplazar la ganadería de las regiones más aptas para el cultivo. Toda la política apuntaba pues a favorecer la producción. Tras la caída de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y su ministro Jorge Remes derogaron la Ley de Convertibilidad, que se caía a pedazos por el desastre que había ocasionado en las actividades económicas. Se establecieron entonces retenciones sobre las rentas agropecuarias y petroleras que eran justificables por cuanto el cambio del 1 a 1 por el 1 a 3 (llegó a 4) implicaba una gran traslación de ingresos al sector exportador que debía compensarse. La mayor parte del país, incluyendo a Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, que luego continuaron la normalización de la actividad económica tras la crisis, rechazaban entonces o no osaban afrontar el problema cambiario. Pero estas medidas de emergencia, las retenciones, se institucionalizaron por la incapacidad del propio Estado para reformular la ley impositiva, pues era más fácil recaudar el impuesto en cabeza de pocos exportadores que lograr una equidad fiscal más adecuada.

Muchas provincias mantenían y mantienen en valores ínfimos la renta territorial (que llega a entre 1 y 2% sobre valores actualizados en Estados Unidos) y ni siquiera ejecutan a los morosos.

Facilismo

En lugar de aplicar el principio distribucionista «de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad», que implicaba gravar progresivamente a las grandes rentas y patrimonios, no sólo de una actividad -el campo- sino de todas las grandes rentas, como la financiera, la de los contratistas del Estado, etc. que se coparticipan, se prefirió el facilismo de las retenciones. Por ejemplo, la extraordinaria valorización de la tierra no genera para el que la vende un impuesto a las ganancias de capital, como no la hubo para todos los que vendieron las empresas argentinas a partir de los 90.

Por ello, las retenciones son básicamente un recurso del Estado para financiar el enorme crecimiento del gasto público y las subvenciones económicas durante el último año. Pero cuidado con los límites. El famoso juez Marshall, que posibilitó la aplicación del impuesto federal en los Estados Unidos, advirtió que debía usarse prudentemente por «a power to tax involves a power to destroy». ¿No estamos ya orillando el borde de la destrucción? ¿O es que la falta de sensatez del Estado obligará a nuestra Corte a establecer los límites?

También es solamente declamativo decir que las retenciones son para mejorar la distribución del ingreso. Los planes de infraestructura contemplan inversiones faraónicas, como el «tren bala», y el fomento de complejos como los de Puerto Madero,en lugar de construcciones de vivienda popular, como preveía el Plan Trienal. La prolongada disputa con el campo ha llevado al encarecimiento de la canasta familiar y a suspensiones laborales, como en el sector de maquinaria rural, los frigoríficos y en empresas agroalimentarias y servicios del interior, todo lo cual importa un proceso regresivo en la mejor distribución del ingreso que se venía experimentando desde hace 7 años. En lugar de promover el crecimiento armónico, como señalaba Perón, se está alentando un enfrentamiento sin sentido donde participan por igual los ruralistas que cortan rutas, los piqueteros que hacen escraches, a los que se sumarán los sectores afectados, como los camioneros. Perón, rechazando la violencia, dijo en el discurso del Plan Trienal que «la historia nos ha enseñado que París no se construyó en un día y que en cambio Pompeya fue destruida en horas».

(*) Ex secretario de la presidencia de Juan Perón (1973-1974).