Las ventajas del doble equilibrio

Tras la estabilización posconvertibilidad, el país comienza a debatir, larvadamente, y aún sin explicitarlo en rasgos definidos, un modelo de desarrollo viable para el escenario de principios de siglo y una reconversión del sector público destinada a recuperar al Estado como herramienta capaz de implementar políticas públicas para un modelo de desarrollo.

Parece evidente que la Argentina se encamina hacia un cambio de las estructuras económico-sociales que dieron vitalidad al modelo poshiperinflación de la década del '90. Advertir el rumbo estructural en las políticas de coyuntura es una tarea todavía difícil, cuando no audaz, pero es posible identificar algunos elementos de dicho cambio:

• La estabilización macroeconómica se apoya en el doble equilibrio externo y fiscal que permite, en un mundo globalizado, ganar autonomía para conducir una transición como la presente.

• La expansión monetaria, respaldada en el equilibrio antes citado, ha permitido aumentar los medios de pago acompañando las necesidades de la economía real, hacer descender la tasa de interés y pesificar las transacciones sin impactar negativamente en el nivel de precios. En tanto la emisión de pesos se sustente en la oferta de divisas del superávit externo y no se destine a financiar déficits del sector público, la perspectiva que los medios de pago acompañen el nivel de actividad, sin presiones inflacionarias, es un horizonte de largo plazo.

• El aumento de los medios de pago y el ahorro en pesos plantean una situación inédita en las últimas tres décadas: ausencia de renta financiera con elevada monetización general de la economía. La tasa de interés no es un precio para mantener activos en pesos.

• La política de negociación de la deuda pública externa en «default», apunta a reducir la principal restricción que pesa sobre el Estado argentino desde la crisis de 1981. Durante más de dos décadas, el stock de deuda pública en moneda extranjera fue el principal condicionante para asignar excedente económico que tuvo el sector público. Factor de puja distributiva entre el poder económico, de recurrentes desequilibrios para un Estado que recauda en moneda local y debe pagar en moneda extranjera, este stock se exteriorizó en «dolarazos» hiperinflacionarios en los '80, en las características de desguace y no de modernización que asumió el proceso privatizador en los primeros años de la década del '90 y finalmente en un nuevo ciclo de endeudamiento tras el cierre del Plan Brady en 1992.

• Un tipo de cambio real estable y elevado respecto de los precios internos para apuntalar ventajas comparativas naturales y crear condiciones para un nuevo escenario productivo.

• Las señales de búsqueda de una mejor calidad de las instituciones, reflejada en la designación de los miembros de la Corte Suprema, o en la imagen pública del Gabinete de Ministros.

• Los intentos más definidos para superar la crisis de representación política, resquebrajando al sistema tradicional de partidos, que esencialmente aportó legalidad institucional a las reformas de mercado de los '90, para sustituirlo por nuevas formas de representación menos clientelares y más participativas desde las ideas.

• Interrogante

Ahora bien, identificados estos elementos de cambio, se abre el interrogante acerca del rumbo de esa transformación estructural. Preguntas que se expresan en la distribución del ingreso, el nivel y la calidad del empleo, los componentes de la demanda externa e interna como factores del crecimiento y sobre todo por las reformas pendientes para construir un Estado con capacidad de regular al mercado y generar un nuevo contrato social.

Es claro que la Argentina resolvió una gravísima crisis sin ayuda internacional, apoyándose en la potencialidad de sus recursos naturales y con el hundimiento social de vastas capas de su población, apenas contenido por políticas de emergencia. En lo inmediato, entonces, el marco pareciera estar dado por el aislamiento externo (reforzado por las políticas de la deuda), y mecanismos que permitan ligar la bonanza aportada por los recursos naturales a resolver la aguda crisis social, por vías más permanentes que las políticas de emergencia.

Es en este punto último, donde emerge con crudeza la necesidad de un modelo de desarrollo y un Estado con capacidad de ejecutar políticas para su implementación. La tentación de proponer una agenda de políticas públicas, que en la transición dé respuesta a los interrogantes antes planteados, puede omitir un aporte más profundo a las dos cuestiones de peso: el modelo de desarrollo y el Estado que lo implementa.

La discusión en torno al aprovechamiento de los recursos naturales y el modelo de país ha surcado toda la historia argentina y vuelve a plantearse con singular crudeza en esta etapa, con características que remiten a fines de los '30 y principios de los '40 antes que a otros períodos, porque también están presentes el dislocamiento de la inserción internacional del país, las exportaciones como única fuente de divisas y una crisis social, si bien más aguda que en aquel entonces.

• Definición

El debate de esa época consistió en definir si era posible un modelo agroindustrial integrado y relativamente abierto al mundo, o si la renta agropecuaria debía financiar una industrialización autárquica, saldándose en favor de esta última. La pregunta a formularse hoy es, nuevamente, si es posible integrar la producción de bienes primarios a una cadena productiva asociada, generando una industria de bienes diferenciados y competitivos en el mundo o si la renta de los productos primarios simplemente se aplica a un desarrollo industrial generalizado.

Es claro que ambas visiones admiten puntos de contacto intermedios, pero las tendencias en uno u otro sentido impactan en la inserción internacional, los niveles de empleo, salario y distribución del ingreso y esencialmente en la sustentabilidad temporal.

Un modelo agro-manufacturero integrado no permitirá una recuperación inmediata del empleo y el salario, no obstante puede sentar bases más sólidas de inserción internacional y equilibrios generales que alcancen el bienestar ampliado en un plazo más largo.

Como contrapartida la aplicación de la renta derivada de la producción primaria a políticas industriales generalizadas tendrá un impacto benéfico mucho más rápido en la situación de empleo y salario, pero será más vulnerable a los cambios tecnológicos, los flujos internacionales y los consensos internos. La restricción de flujos externos, las ventajas comparativas naturales y la crisis social son las aristas del escenario en el que el gobierno va desplegando su política de transición: cualquier agenda de políticas alternativas sugeridas, debe enmarcarse en dicho escenario. Finalmente, resta conocer la coalición político-social que transformará al Estado para hacerlo eficaz en uno u otro sentido.

(*) Secretario de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.