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Por un lado, la apertura de países, como China, hacia la economía de mercado ha provocado que crezca más el poder adquisitivo, ergo, la demanda de alimentos, que la producción global, induciendo un desplazamiento de los alimentos de los países más pobres, los más cerrados a la economía de mercado, hacia China.
Por otro lado, el estatismo ha frenado la producción en varios países. Por caso, debido a que el gobierno kirchnerista impuso toda clase de restricciones basadas en el poder represivo estatal (precios máximos, cupos a las exportaciones, retenciones, etc.), en los últimos diez años las exportaciones cárnicas argentinas aumentaron sólo 20%, cuando el comercio global creció 37% y ahora, con las prohibiciones, va para peor.
La Argentina es el octavo productor mundial de alimentos, gracias a que su sector agroalimentario es el más competitivo del mundo por su innovación, tecnología y productividad, a la par de EE.UU., cosa que el actual gobierno está destruyendo, rápidamente, gracias a una abusiva e inmoral política tributaria.
Sumado a un control policial de la economía, según datos oficiales (muy benévolos) la presión tributaria (coercitiva) subió 11 puntos (de 17% a 28%) desde 2001. Así, a pesar de que el gasto estatal (la «redistribución») entre 2003 y 2007 aumentó 123%, la pobreza creció y ya supera 30% de la población, 11.500.000 personas con ingresos promedio de $ 615 mensuales. El costo de la canasta básica para una familia tipo es de $ 1.435, según Equis.
La recaudación tributaria aumentó 52,4%, en abril, hasta llegar a los $ 20.240,7 millones. Si este dinero se repartiera entre los pobres, le tocaría a cada uno casi $ 1.800, con lo que dejaría de ser pobre y le sobraría para pagar salud, educación, infraestructura y seguridad. Pero la pobreza aumenta y, con ella, la mortalidad infantil a un ritmo de 7,6% anual en la provincia de Buenos Aires.
Lo que pasa es que, de lo que se les quita a los pobres, por vía de «derrame impositivo» (lo que nadie quiere pagar lo deriva, subiendo precios, bajando salarios, etc.), parte desaparece en corrupción, parte en ineficiencia y burocracia (en algunas provincias, la masa salarial llega a 70% del Presupuesto) y sólo una pequeña porción les vuelve, y en forma arbitraria.
El mercado, al contrario que el estatismo, se basa en el acuerdo (precios de por medio) pacífico y voluntario. De aquí la eficiencia porque, al ser voluntario, el comprador prefiere lo que compra al dinero que prioriza el vendedor, maximizando ambos su beneficio. Al ser voluntario, el mercado prefiere las necesidades más imperiosas: nadie pagaría impuestos (voluntariamente) si no tuviera para comer.




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