En los próximos días podría materializarse otra millonaria transferencia de fondos del presupuesto estatal a las Obras Sociales. La ayuda, largamente esperada y reclamada por la CGT, se destinaría al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). No sería la primera vez, del presupuesto 2022 el Estado transfirió $ 14.985 millones.
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La ayuda, viene a auxiliar un sistema con números en rojo, cuyo desequilibrio financiero y actuarial es notorio. Para graficar la situación bastaría decir que el 48% de las Obras Sociales -que atienden al 62% de los beneficiarios del sistema- no alcanzan a cubrir el PMO aún luego de recibir los subsidios del FSR. Cabe agregar, que las prestaciones por discapacidad han pasado de insumir el 22% de los recursos del FSR en 2016 al 70% actualmente y continúan creciendo. Las prestaciones de alto costo hace meses que el FSR no puede reintegrarlas.
En el año 2015 el reclamo de las Obras Sociales era exactamente inverso: pedían que el estado les devolviera $26.767.913.875 de excedentes que, a lo largo de los cuatro años previos, habían sido retenidos del FSR y permanecían inmovilizados en una cuenta del Banco Nación.
La suma equivalía, aproximadamente, a 2700 millones de dólares de aquella época. El reconocimiento de dicha deuda por parte del estado se llevó a cabo mediante Decreto N° 908/2016.
¿Qué llevó al sistema de obras sociales a pasar de tener un saldo fuertemente positivo a pedir auxilio financiero en pocos años?
La respuesta fácil sería: el aumento de los costos de salud que también se verifica a nivel mundial. Pero si bien es cierta dicha tendencia (porque la revolución tecnológica trae muchas soluciones médicas maravillosas pero muy costosas) tal explicación no alcanza, por si sola, para justificar el vuelco de ¨verde a rojo¨.
El incremento exponencial del gasto de discapacidad –que merece un análisis por separado- explica una buena parte del asunto. Pero, aun así, debemos reparar, también, en causas más estructurales.
El sistema de obras sociales, de base contributiva, se desfinancia por la pérdida de poder adquisitivo del salario, especialmente contra los costos de la salud (-22,8% en cinco años según Argañaraz); una economía cuyo PBI no crece desde hace más de una década y no crea nuevos empleos privados netos.
Asfixiado por esta ¨doble Nelson¨ -aumento de costos y menores ingresos reales- el sistema demanda medidas de fondo: reformulación del régimen de subsidios, replanteo de los regímenes especiales, reequilibrio actuarial y mejores sistemas de contralor. De lo contrario, perderá paulatinamente su carácter contributivo para transformarse en otra actividad que dependa de la asistencia estatal para sobrevivir.
(*) Ex Jefe de Gabinete del Ministerio de salud (2015-2017)
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