La trama societaria que destapó la tragedia de Cromañón obligó al gobierno a profundizar los controles y las exigencias a la hora de permitir la radicación de sociedades registradas en paraísos fiscales en la Capital Federal. Es el caso de la que aparece como propietaria de la disco, donde todavía la Justicia no pudo comprobar quiénes son realmente los dueños. La intención de controlar este tipo de sociedades no escapa a la tendencia mundial, sobre todo en el sector financiero. De la mano de la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y el narcotráfico se intensifica la fiscalización de las operaciones de las sucursales offshore. La normativa -que sólo se aplica para las nuevas solicitudes- apunta ahora a que ese tipo de sociedades demuestre que su casa matriz tiene un significativo volumen de actividad económica y empresarial en su país de origen. Pero si la actividad que quiere desarrollar está prohibida en su país, en ese caso, sólo le queda nacionalizar la sociedad para poder ser aprobada.
En la Ciudad de Buenos Aires, solamente, existen entre 15.000 y 16.000 inmuebles a nombre de este tipo de sociedades offshore sin que pueda saberse quiénes son sus verdaderos dueños, los que se esconden detrás del anonimato que proveen esas estructuras foráneas; lo mismo ocurrió en los recientes escándalos de Brasil vinculados a la
Los denominados paraísos fiscales, o jurisdicciones offshore, son los grandes proveedores para los inversores de estos instrumentos los cuales, muchas veces, no tienen ninguna actividad comercial ni industrial, no requieren -generalmente- de autorizaciones estatales específicas, no contratan personal y consisten exclusivamente en un domicilio o un buzón postal, que tienen como único propósito -la mayoría de las veces- ocultar
Un grupo de representantes contratados, pertenecientes a estudios de abogados, contadores, o simples empleados administrativos de dichas firmas, son quienes aparecen como caras visibles de estas organizaciones manteniendo bajo su «fachada» -generalmente- a
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