Algunos datos del presupuesto
Producción agrícola. Para la campaña 2025/26 se estima una producción de 170 millones de toneladas, volumen que constituiría el máximo de la serie histórica y superaría los 146 millones registrados en 2018/19. Dentro de esa proyección, se destacan el maíz, con 71,7 millones de toneladas; el trigo, con 27,9 millones; y el girasol, con 7,5 millones.
Evolución sectorial proyectada. En 2025, el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un crecimiento interanual del 7,1%. Para 2026 se proyecta una expansión agropecuaria del 5,5%, explicada principalmente por un aumento del 38,7% en la cosecha de maíz, que compensaría una disminución del 3,1% en la producción de soja. Para 2027, la tasa de crecimiento sectorial se reduciría al 0,9%, mientras que el PIB total se expandiría un 4,0%. Esta divergencia sugiere una reducción relativa de la contribución del sector agropecuario al crecimiento agregado.
En relación con los precios internacionales, para 2026 se proyecta un incremento del 1,1% en el valor de exportación del poroto de soja y una variación positiva del 7,9% en el promedio correspondiente al complejo sojero.
En materia de recaudación por derechos de exportación (DEX), se prevé para 2027 un incremento nominal del 41,3% respecto de 2026. La participación de estos recursos pasaría del 0,75% del PIB en 2026 al 0,85% en 2027, variación atribuida principalmente al aumento de los volúmenes exportados. La mejora reciente de los precios internacionales se produjo en un contexto de reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos; por consiguiente, una reversión de la orientación monetaria podría modificar las condiciones externas consideradas en la proyección. Asimismo, pese a las reducciones aplicadas sobre los DEX desde 2025, el incremento esperado de la recaudación no se habría verificado. En términos comparativos, las estimaciones analizadas indican que la presión tributaria sectorial habría sido inferior en 2023 respecto de la observada durante la administración de Milei y Caputo.
Respecto del tipo de cambio y la inflación, el proyecto presupuestario contempla un tipo de cambio nominal de $1.600 por dólar para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027, lo que representa una variación del 15,5%. De manera complementaria, se proyecta una desaceleración del índice de precios al consumidor al 29,0% en 2026 y al 18,0% en 2027.
El programa oficial plantea profundizar la desregulación y la reconfiguración institucional del Estado. De acuerdo con sus fundamentos, estas medidas procuran reducir restricciones administrativas e incentivar la participación privada en la actividad productiva. Las principales iniciativas pueden agruparse del siguiente modo:
Simplificación administrativa del comercio exterior. Se propone eliminar permisos de importación y requisitos no arancelarios, así como reducir y simplificar procedimientos administrativos. En el marco del proceso general de desregulación, el Gobierno informa la modificación o eliminación de más de 2.700 normas y 16.200 artículos. Esta política se complementa con la plataforma “Reportá la Burocracia”, instituida mediante el Decreto 1055/2024, cuya finalidad declarada consiste en identificar distorsiones regulatorias en los mercados.
Modernización laboral e incentivos a la inversión. La Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral incorpora mayores márgenes de flexibilidad contractual y modificaciones en los regímenes indemnizatorios, con el objetivo de reducir costos directos e indirectos, incluida la reforma del régimen laboral agrario. Por su parte, la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habilita a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias e industriales a aplicar un esquema de amortización acelerada a dos años en el Impuesto a las Ganancias para inversiones comprendidas entre 150.000 y 9 millones de dólares.
Acuerdos e integración comercial. El proyecto incorpora la ratificación del acuerdo de comercio e inversiones recíprocas con Estados Unidos, orientado a ampliar las exportaciones de carne y productos ganaderos. Asimismo, prevé la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos argentinos y la ratificación de la normativa nacional correspondiente al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya aplicación provisional se establece a partir del 1.º de mayo de 2026.
Disolución de fondos fiduciarios agropecuarios. En el marco del ordenamiento del gasto público y de la reducción de mecanismos de intermediación, se dispuso la liquidación de instrumentos tales como el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, mediante la Resolución MEC 333/2024, y el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina, mediante la Resolución MEC 650/2024.
El Presupuesto 2027 establece una relación entre el desempeño del sector agropecuario, la incidencia de la pobreza y la estabilidad socioeconómica a través de dos mecanismos principales: la estabilización de precios y la generación de divisas, y la evaluación de riesgos asociados a perturbaciones agrícolas. En el primer caso, la estrategia oficial de reducción de la pobreza —estimada en 28,2%, con una tasa de indigencia del 6,3% durante el segundo semestre de 2025— se fundamenta en la desaceleración inflacionaria y en la recuperación del salario real. Dada la participación de los productos primarios y de las manufacturas de origen agropecuario en la generación de divisas, el desempeño sectorial incidiría sobre la estabilidad cambiaria, la evolución de los precios internos y el ingreso real de los hogares. En el segundo mecanismo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo incorpora una evaluación explícita de los efectos de eventos climáticos adversos. Una sequía moderada, equivalente a una reducción del 20% en la cosecha de cereales, disminuiría el crecimiento del PIB en 1,5 puntos porcentuales; una sequía extrema, asociada a una merma del 40%, reduciría el PIB en 3,1 puntos y deterioraría el resultado financiero en 0,4 puntos del PIB.
Una contracción de la actividad agrícola afectaría negativamente la recaudación tributaria y el volumen de exportaciones, con efectos de segunda ronda sobre el nivel de actividad, el empleo y los ingresos de los hogares.
Para 2027, el Presupuesto asigna $472.393,7 millones a la función Agricultura, Ganadería y Pesca de la Administración Nacional, cifra que implica un incremento nominal del 18,5% respecto de 2026. Esta partida representa el 0,2% del gasto total. La composición presupuestaria expresa una modificación en la orientación de la intervención estatal. En este marco, adquiere especial relevancia la transformación del INTA. El Gobierno fundamenta la reducción presupuestaria y el cambio de organismo descentralizado a desconcentrado en un diagnóstico según el cual la institución se encontraría “sobredimensionada” y habría desplazado su propósito original al priorizar la “militancia política” y la agricultura familiar por sobre la productividad agroindustrial. Bajo el nuevo esquema, se procura concentrar las funciones del organismo en la investigación, la generación de tecnologías y la provisión de bienes públicos tecnológicos destinados a productores con elevada capacitación técnica. A su vez, se establece como objetivo aumentar la participación privada en las actividades de investigación desde un nivel inferior al 10% hasta el 30% en 2027.
El fortalecimiento del SENASA permite inferir que la política sectorial asigna prioridad a la preservación del estatus sanitario nacional, considerado un activo estratégico para la inserción externa de la producción agroindustrial.
Instrumentos de fomento, desregulación y reforma tributaria. En sustitución de mecanismos de subsidio directo, la política de promoción del sector se articula principalmente mediante reducciones tributarias —entre ellas, las aplicadas a los derechos de exportación y al impuesto sobre los Bienes Personales— y medidas de desregulación. En el ámbito legislativo, el debate impulsado por entidades como la Fundación Barbechando se concentra en los denominados “costos ocultos”, entre los que se incluyen el saldo técnico del IVA y los costos administrativos, antes que en las retenciones, para las cuales ya se ha establecido un cronograma de reducción.
Reorganización del INASE. La reforma institucional se orienta a modernizar el funcionamiento del organismo y racionalizar el uso de recursos mediante la supresión de unidades departamentales consideradas redundantes y la ampliación de su flexibilidad operativa. Esta transformación se inscribe en la política general de austeridad fiscal y reforma administrativa del Estado.
En síntesis, las proyecciones para 2027 configuran un escenario caracterizado por una desaceleración significativa del crecimiento agropecuario y un incremento de la presión tributaria sobre el sector. La asignación destinada a infraestructura aumentaría en una proporción similar a la inflación prevista, estimada en 18%, mientras que la función Agricultura, Ganadería y Pesca representaría el 0,2% del gasto total de la Administración Nacional, equivalente a aproximadamente el 0,03% del PIB. A ello se agrega la continuidad del impuesto a los combustibles, incluido el gasoil, componente de incidencia relevante en la estructura de costos de la producción agropecuaria. En conjunto, estos elementos sugieren una tensión entre la relevancia macroeconómica atribuida al sector y la magnitud relativa de los recursos públicos asignados a su desarrollo. Se precisa más inversión en el sector.
*El autor es Investigador del IDEPI-UNPAZ y del PROINGRA FCE-UBA. Docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad Nacional de Lanús.
