El precio de los combustibles bajo presión: la señal que dejó el Gobierno en el Presupuesto 2027

El Ejecutivo proyecta una suba de 59,3% en la recaudación de los impuestos que pagan los combustibles, frente a una inflación prevista de 18%. La estimación no anticipa por sí sola cuánto aumentarán los surtidores, pero muestra que Economía espera recomponer un tributo sensible para consumidores, transporte y producción.

El Presupuesto 2027 deja así una señal clara, aunque no lineal. No dice cuánto van a aumentar las naftas ni el gasoil. Pero sí anticipa que el Gobierno espera una recomposición fuerte de la recaudación impositiva sobre combustibles

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El precio de los combustibles siempre aparece en el surtidor, pero empieza mucho antes: en el costo del crudo, en las decisiones de las petroleras, en el tipo de cambio y también en los impuestos. En ese último punto, el Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso dejó una señal sensible: Economía proyecta que la recaudación por los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono crecerá 59,3% el próximo año, muy por encima de la inflación oficial prevista de 18%.

El dato no significa que las naftas y el gasoil vayan a subir en esa misma proporción. La recaudación también depende de cuánto combustible se venda, de la composición de la demanda y de los distintos tratamientos diferenciales que tiene el régimen. Pero el número sí marca una dirección: el Gobierno espera recuperar ingresos a partir de un componente impositivo que impacta sobre uno de los precios más sensibles de la economía.

Según el proyecto, los ingresos por esos tributos pasarían de $7,64 billones en 2026 a $12,18 billones en 2027. También aumentaría su peso sobre la economía, desde 0,67% a 0,86% del PBI.

La propia explicación presupuestaria apunta al corazón del problema: el incremento esperado se debe “principalmente” a las actualizaciones de las sumas fijas que determinan el impuesto. Es decir, no se trata solamente de una proyección de más consumo, sino de una recomposición del tributo que pesa sobre cada litro vendido.

Un impuesto que venía administrado

El impuesto a los combustibles tiene una particularidad: no funciona como un porcentaje tradicional sobre el precio final, sino como un monto fijo por unidad de combustible. Esos valores deben actualizarse periódicamente, pero durante los últimos años distintos gobiernos fueron administrando la aplicación efectiva de las subas para evitar un traslado pleno y de una sola vez al surtidor.

La gestión actual mantuvo esa lógica. El último antecedente fue el Decreto 829/2026, publicado a fines de agosto, que volvió a diferir parte de las actualizaciones pendientes del impuesto sobre naftas y gasoil. La norma estableció que el remanente acumulado correspondiente a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026 comenzará a aplicarse desde el 1° de octubre de 2026.

Ese manejo explica por qué el impuesto vuelve ahora al centro de la escena. Cada postergación ayuda a moderar el impacto inmediato sobre los precios, pero también acumula una cuenta pendiente. El Presupuesto sugiere que parte de ese atraso empezaría a recuperarse durante 2027.

La tensión es conocida. Si el Gobierno demora la actualización, resigna recaudación. Si la aplica, encarece un precio que no solo pagan quienes cargan nafta o gasoil, sino también las empresas que transportan mercadería, el agro, la industria, la construcción y el comercio.

El salto frente al resto de los impuestos

La suba proyectada para los combustibles sobresale incluso dentro del propio cuadro tributario. El Presupuesto estima que la recaudación total de impuestos nacionales y aportes a la seguridad social crecerá 27,9%, menos de la mitad que el incremento previsto para los impuestos sobre combustibles.

La comparación con otros tributos también deja expuesto el contraste. Ganancias aumentaría 30,5%; IVA, 28,2%; el impuesto a los Créditos y Débitos, 25,8%; Derechos de Exportación, 41,3%; y Derechos de Importación junto con la Tasa de Estadística, 39,2%. En ese mapa, combustibles aparece como una de las fuentes de ingresos con mayor crecimiento esperado.

El punto es relevante porque los combustibles funcionan como un precio de arrastre. Una suba en el gasoil puede trasladarse al costo del flete, a la logística de los alimentos, a la producción agropecuaria, a los materiales de construcción y a buena parte de la distribución minorista.

Por eso, la recomposición impositiva aparece como una variable de doble filo. Ayuda a fortalecer los ingresos fiscales, pero puede complicar el sendero de desaceleración de precios si se traslada con fuerza al consumidor final.

Beneficios y exenciones dentro del mismo régimen

El Presupuesto también muestra que el impuesto tiene una arquitectura más compleja que la recaudación bruta. Economía calcula que los gastos tributarios asociados a combustibles llegarán a $4,52 billones en 2027, frente a $2,55 billones previstos para 2026. Su peso pasaría de 0,22% a 0,32% del PBI.

Dentro de ese universo, el Gobierno estima $1,98 billones por la diferencia entre las alícuotas aplicadas a naftas y gasoil. También prevé $1,03 billones por la exención de combustibles líquidos utilizados en la zona sur del país.

A eso se suman los biocombustibles. La reducción del impuesto por la incorporación de biodiesel y bioetanol no gravados representaría $1,04 billones: $399.132 millones por biodiesel y $642.766 millones por bioetanol.

Es decir, mientras el Gobierno proyecta recaudar mucho más por combustibles, también mantiene un volumen significativo de beneficios, exenciones y tratamientos diferenciales dentro del mismo esquema.

Gasoil importado para generación eléctrica

El proyecto incorpora además una excepción puntual para el abastecimiento energético. El artículo 66 exime durante 2027 del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diésel oil destinadas a generación eléctrica, cuando sean necesarias para cubrir picos de demanda que no puedan ser atendidos con producción local.

El cupo autorizado será de hasta 1 millón de metros cúbicos y deberá contar con evaluación y autorización previa de la Secretaría de Energía. El Poder Ejecutivo tendrá que informar cada trimestre al Congreso los volúmenes autorizados por empresa y las condiciones de suministro.

La inclusión de ese artículo muestra otro costado del mismo problema: el gasoil no solo es un insumo del transporte. También puede ser necesario para sostener la generación eléctrica en momentos de alta demanda o restricciones de oferta.

El Presupuesto 2027 deja así una señal clara, aunque no lineal. No dice cuánto van a aumentar las naftas ni el gasoil. Pero sí anticipa que el Gobierno espera una recomposición fuerte de la recaudación impositiva sobre combustibles, en un año en el que el surtidor volverá a cruzar la discusión fiscal, la inflación y los costos de la economía real.