Cuando en agosto de 2003, el juez federal Claudio Bonadío ordenó la detención de los ex jefes montoneros Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, por considerarlos «partícipes necesarios» en la desaparición de varios militantes de aquella organización, Estela de Carlotto, titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, salió en su defensa: «No se puede equiparar el accionar de organizaciones revolucionarias en el marco de la resistencia a la dictadura» con la represión. Vaca Narvaja pidió en aquel momento «un debate sobre el derecho a la resistencia». Y cuando fue indultado en 1989, Miguel Bonasso se molestó porque, según él, estaban equiparando «a quienes luchamos contra la dictadura» con los militares.
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Han transcurrido más de 24 años desde que la Argentina volvió a la normalidad institucional. Pese a ello y al acento puesto por el actual gobierno en la «memoria», en lugar de un avance en la comprensión de los sucesos que llevaron al golpe de Estado de 1976, asistimos a una involución, una regresión hacia posiciones maniqueas y simplistas, donde el dogma es refugio y excusa para frenar el debate y eludir responsabilidades. Protegidos por una Justicia que sigue los humores de la política y convencidos tal vez de que los horrores cometidos por el «enemigo» justifican retroactivamente sus acciones, muchos protagonistas de aquella época guardan un conveniente silencio cuando no se erigen en jueces de un proceso del cual fueron parte.
La versión indulgente de Carlotto sobre organizaciones como Montoneros es que éstas se levantaron en armas exclusivamente contra la dictadura. En su alegato ante la Cámara Federal de San Martín, el 3 de mayo de 1988, Firmenich dijo: «Hemos luchado siempre en defensa de la Constitución y nunca nos alzamos contra ella». Mientras que el fallecido Enrique Gorriarán Merlo, miembro fundador del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), la principal guerrilla de orientación marxista trotskista que operó en el país, decía en julio de 2005: «De ninguna manera nos arrepentimos de haber combatido al autoritarismo. Si no hubiera habido dictadura, no hubiera habido guerrilla». Esto último puede ser cierto respecto del período 1966-1973, aunque, en honor a la verdad histórica, habría que contabilizar otros factores que incidieron en el surgimiento de la guerrilla, aquí y en el mundo, en tiempos de la Guerra Fría. Pero sostener que Montoneros y el ERP fueron algo así como organizaciones de autodefensa frente a regímenes autoritarios, al modo de la resistencia francesa a la ocupación alemana, es de una mala fe total. El objeto de ambas guerrillas era la toma del poder por la vía armada para la instauración de alguna forma no muy bien definida de socialismo.En consecuencia, ambas enfrentaron con violencia al gobierno «reformista» y « burgués» de Juan Perón; larvadamente los Montoneros, puesto que alegaban ser peronistas y querer llevar a Perón a posiciones « revolucionarias»; abiertamente el ERP porque nunca reconoció la legitimidad de aquel gobierno. Por lo tanto, no depusieron las armas en marzo de 1973, cuando finalizó la dictadura contra la cual se habían armado.
Hechos como el asesinato del líder de la CGT y brazo derecho de Perón, José Ignacio Rucci (por Montoneros, el 25 de setiembre de aquel año, dos días después de que Perón fuese electo presidente por 62% de los votos); la toma de la unidad militar de Azul (por el ERP, el 19 de enero de 1974); más tarde, bajo la gestión de Isabel Perón, el asesinato del radical Arturo Mor Roig, ex ministro del Interior de Alejandro Lanusse (por Montoneros, el 15 de julio de 1974); el pase a la clandestinidad de esa organización (el 6 de setiembre de 1974); el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa (por Montoneros, el 5 de octubre de 1975) y el intento de copamiento de los arsenales en Monte Chingolo (por el ERP, el 23 de diciembre de 1975); fueron todas acciones desarrolladas en el período constitucional que contribuyeron -junto con otros factores-al debilitamiento del gobierno democrático, pavimentando el camino al golpe.
Al revés de lo que afirmó Gorriarán Merlo, en 1976, sin guerrilla no hubiera habido golpe, al menos no hubiera habido una excusa servida en bandeja, casi una confirmación de los argumentos esgrimidos por los militares para «hacerse cargo» de la situación: vacío de poder, caos, violencia. Las organizaciones armadas no resistieron al golpe; lo promovieron, en la creencia de que la «agudización de las contradicciones» servía a sus intereses. Lo admitió Gorriarán, cuando dijo que «con la llegada del golpe, evaluamos que eso iba a provocar una generalización de la resistencia».
Analogía
Algo análogo sucedió en la República del Uruguay, como lo recordó, en 2005, el ex presidente Julio María Sanguinetti: «Los tupamaros actuaron antes de la dictadura, no tiraron un tiro contra la dictadura; estaban ya derrotados». La diferencia es que los sobrevivientes de esa guerrilla no niegan su responsabilidad. El hasta hace poco ministro de Agricultura de ese país, hoy expectante candidato a suceder al presidente Tabaré Vázquez, José Mujica, quien pasó 14 años en la cárcel por su militancia tupamara, se declaró recientemente «profundamente arrepentido de haber tomado las armas con poco oficio y no haberle evitado así una dictadura al Uruguay».
También en Chile, hubo reflexiones honestas al cumplirse, en 2003, treinta años del golpede Estado. Podemos citar a Luis Corvalán, miembro del Partido Comunista que integraba la Unidad Popular (UP), el frente que llevó al gobierno a Salvador Allende, el presidente socialista derrocado y muerto en 1973: «No podemos negar nuestra responsabilidad (...) Prevalecieron en la UP las tendencias extremistas y sectarias». Luis Guastavino, gobernador de Valparaíso, que había sido colaborador de Allende, decía: «La política que llevamos en los tiempos finales iba inevitablemente a un choque (...) Yo instigué, yo hacía discursos incendiarios, yo levantaba a la gente». La propia hija de Allende, Isabel, diputada nacional, señaló que «todos los actores políticos somos responsables de lo ocurrido. No fuimos capaces de entrar al diálogo para buscar una salida política».
En la Argentina previa al golpe también hubo sectores políticos, de todos los partidos, que contribuyeron al caos. Como los diputados de la llamada Tendencia (cercanos a Montoneros) que le presentaron la renuncia a Perón cuando éste quiso reformar el Código Penal para combatir a la subversión y hoy le votan a Néstor Kirchner sin chistar una ambigua ley antiterrorista. O los 34 diputados del «Grupo de Trabajo» que paralizaron la actividad legislativa durante la gestión de Isabel. Varios de ellos están hoy refugiados en despachos oficiales o volvieron a sentarse en una banca como si nada.
Un ex presidente chileno, el demócratacristiano Patricio Aylwin, lamentó no haber condenado el golpe («No imaginamos que la dictadura iba a ser tan prolongada ni que ocurrirían tan brutales violaciones a los derechos humanos»). La dirigencia política argentina, en cambio, calla. Hasta el ex presidente socialista chileno Ricardo Lagos (integrante de la UP en 1973), ante la pregunta: «¿Quién divide más a Chile: Allende o Pinochet?», contestó: «Alguien diría que una situación es consecuencia de la otra». Semejante honestidad política es imposible de encontrar en la Argentina.
Más aún, mientras sus pares chilenos se autocritican, los comunistas argentinos, que en el 76 eran videlistas, se presentan como querellantes en una causa por la represión desatada durante la dictadura que ellos apoyaron. En junio de 1978, Roberto Vallarino, miembro del Comité Central del PCA, declaraba a la revista «Cambio 16» de España que «el PC argentino considera que el general Jorge Videla y los otros miembros de la Junta Militar que gobierna la Argentina son elementos progresistas».
Suicidio
A diferencia de los tupamaros, no puede decirse que los montoneros no hayan tirado ni un tiro después del golpe, pero ojalá no lo hubiesen hecho porque el principal resultado fue la destrucción de su propia organización, lo que tampoco ha merecido ninguna reflexión autocrítica de la cúpula sobreviviente. La conducción montonera obligó a sus militantes a un funcionamiento suicida, facilitando así el accionar represivo. Y, cuando la organización estuvo diezmada, los jefes en el exilio reclutaron a los cuadros que habían logrado sobrevivir dejando el país y los enviaron de regreso, a una muerte casi segura. «En la contraofensiva no murieron más de 20 o 22 compañeros -relata Firmenich-¿Y qué? ¿Y en el 76, en el 77? Caían siete compañeros por día». La involución no se limita a los ex guerrilleros. También afecta a los organismos de derechos humanos, integrados en su mayoría por familiares de las víctimas, que pasaron de negar la militancia de sus hijos en los primeros tiempos de la democracia («eran inocentes», decían, como si la culpabilidad justificase la tortura y el fusilamiento clandestino) a una reivindicación acrítica y a una suerte de síndrome de Estocolmo que los lleva a defender a los jefes que mandaron a sus hijos a la muerte, eficaces sólo en extinguir la fuerza que comandaban. La contraofensiva no fue un factor de desestabilización para la dictadura, como pretende Firmenich («En la Argentina hubo 7 años de dictadura y no 20 como en Chile gracias a nosotros»). Su principal resultado fueron unos 80 desaparecidos más, en una operación demencial, relatada en el libro « Fuimos soldados» de Marcelo Larraquy, en base a los testimonios de los pocos sobrevivientes, que constituyen una verdadera requisitoria contra Firmenich y compañía.
Los que tuvieron la fortuna de sobrevivir, deberían aportarles a las generaciones presentes un testimonio como mínimo honesto. Según la hija de José Ignacio Rucci, «Dante» (Juan Carlos Gullo, hoy diputado nacional) le aseguró que «en el ámbito en que militaba jamás se planificó el asesinato» de su padre. Verdad a medias que no refuta la autoría de Montoneros como bien lo sabe este ex referente de la Juventud Peronista ya que esas decisiones no se tomaban en círculos amplios.
Francisco «Barba» Gutiérrez, ex montonero y ex UOM, hoy intendente de Quilmes, afirmó directamente en 2006 que «a Rucci lo mató la CIA». La prueba de que la involución es generalizada, es que lo dijo en el salón Felipe Vallese de la CGT, en la cara de los ex compañeros del líder asesinado. Pero el premio al cinismo, le corresponde al actual secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde. Hoy asiste compungido a los homenajes al padre Carlos Mugica, cuyo asesinato todavía no está esclarecido, mientras que tres días antes de ese crimen, en marzo de 1974, la revista «Militancia», que Duhalde codirigía, trataba de «gorila» al sacerdote y lo enviaba a una simbólica «cárcel del pueblo», por la sencilla razón de que había tomado distancia de la lucha armada.
Si los hechos que protagonizó la guerrilla son judiciables o no, es un debate abierto, entre otras cosas por el mismo impulso justiciero setentista lanzado en la gestión de Néstor Kirchner. De lo que no cabe duda es de que merecen una clara condena política hoy eludida por una visión maniquea del pasado.
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