Los proyectos salariales del gobierno para los militares son por lo menos tumultuosos. Lo ilustra la medida que tomó por decreto en agosto del año pasado de reducir en 35% los salarios que reciben los militares con destino en el extranjero como representantes de fuerzas o integrantes de organismos internacionales. Como ocurre con enviados de las fuerzas de seguridad (Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policía Aeroportuaria) los militares recibían un salario proporcional al del embajador en el país de destino.
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El proyecto de reducción de salarios a los militares de Nilda Garré logró la firma presidencial (decreto 1140/07), pero no pudo la ministra conseguir que el entonces ministro del Interior Aníbal Fernández extendiese la medida a las fuerzas de seguridad. Eso, y las presiones de los jefes de las Fuerzas Armadas, que se consideraron discriminadas, llevaron las cosas a una solución a la criolla. Se mantuvo la vigencia del decreto, pero a los militares en el extranjero se les recompuso el salario según el régimen anterior, con el auxilio de partidas de dinero de uso discrecional. O sea, se mantuvo la discriminación, se echó mano de dinero que tenía otro destino, y se deja a los militares sin la posibilidad de beneficios sociales por el total de lo cobrado.
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