Congreso: se suspendieron las reuniones de cuatro comisiones bicamerales para designar cargos claves

Las comisiones se aprestaban a elegir a los titulares de la Defensoría del Pueblo y Defensoría de la Niñez, además de supervisar a la Auditoría General de la Nación.

Organismos siguen insistiendo con la conformación de espacios claves en el Congreso.

Aún con la incómoda presentación de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, el Gobierno continúa administrando los tiempos del Congreso, consiguiendo avances progresivos -e ininterrumpidos- en sus prioridades parlamentarias y dilatando aquellas iniciativas que pueden alterar su estrategia legislativa. Ese fue el caso de la jornada de este martes en la que se suspendieron -a horas de que ocurriesen- las cuatro reuniones destinadas a conformar Comisiones Bicamerales estratégicas.

Según pudo conocer este medio, a la demanda de tiempo que implicaba la organización del informe de gestión del jefe de Gabinete en Diputados, que inclusive conllevó a que Adorni realizara un ensayo a puertas cerradas en el recinto, se le sumó la indecisión de los dos principales bloques parlamentarios a la hora de designar representantes en las cuatro comisiones. Tanto La Libertad Avanza -que contará con representación mayoritaria- como Unión por la Patria -que tiene un especial obstáculo en su bloque de Diputados- continuaban trabados a la hora de establecer qué miembros de las bicamerales discutirían la postulación de autoridades.

Se trata de las comisiones bicamerales del Defensor del Pueblo; del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Mixta Revisora de Cuentas; y la de Control de los Fondos de la Seguridad Social. Todas estaban agendadas para constituirse este mismo 28 de abril, pero se suspendieron a último momento. Tampoco se encuentra conformada la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, dedicada a revisar la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La Defensoría del Pueblo está acéfala desde el 2009.

La Mixta Revisora de Cuentas, que se encarga de controlar la ejecución presupuestaria de la gestión nacional, toma una especial importancia en un contexto en donde las auditorías a organismos universitarios vuelven a ponerse sobre el manto de discusión pública, en medio de la tensión por fondos entre las instituciones académicas y el Gobierno nacional. En tanto que la de Control de los Fondos de la Seguridad Social se encarga de supervisar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluyendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Reclaman la designación de un director de la Defensoría del Pueblo de la Nación

Hace 17 años, la Argentina no cuenta con director de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un organismo impulsado hace 32 años: más de la mitad de su existencia, estuvo acéfalo. Es por eso que representantes de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la Argentina (ADPRA) y diputados reclamaron la acción del Congreso para cubrir esa vacante.

Creado en 1994 tras la reforma constitucional, se creó para controlar el cumplimiento de procesos administrativos, garantías ciudadanas y la accesibilidad a la justicia. Su titular debe ser designado por las dos terceras partes de cada Cámara del Congreso, que también tiene la potestad de removerlo antes de que venza su mandato de cinco años. El último director fue Eduardo Mondino, quien estuvo al frente del organismo desde 1999 hasta abril del 2009, cuando terminó su gestión dejando su cargo acéfalo.

Por otro lado, desde el 2025 permanece acéfala la Defensoría Nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes, a pesar de que existe una media sanción: el 8 de octubre, la Cámara de Diputados avanzó en los pliegos que definían a María Paz Bertero, Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos, con 156 votos positivos, 44 negativos y 6 abstenciones. Todos los rechazos correspondían a La Libertad Avanza.

En ese marco, se apuntó a que el Senado avance en la discusión de las candidaturas, para terminar de concretar la designación. Sin embargo, la renovación parlamentaria obstruyó que se replique un posible acuerdo entre peronistas y radicales en la Cámara alta. Como existían 180 días para la elevación de una propuesta, la iniciativa de Diputados terminó por caerse, por lo que el proceso debe reestablecerse.

Informe Fernando Brovelli.-