Abogados bonaerenses piden a Solá que vete leyes "antievasión"

Los letrados explicitaron el pedido a través de una solicitada publicada hoy en matutinos platenses, donde remarcan que "la necesidad de recaudación fiscal no puede estar por encima del Estado de Derecho y afectar garantías de la población" y agregan que por ello "le reclamamos al Sr.Gobernador el veto de aquellas leyes".

Según la ley sancionada ayer por la Legislatura provincial, el fisco bonaerense podrá embargar bienes de contribuyentes morosos sin orden judicial.

Otra de las polémicas atribuciones autorizada por la flamante ley es la referida al impuesto a los automotores: se podrá detener y secuestrar vehículos de alto valor -más de $35.000, cuando registren deudas mayores al 10 por ciento de su valuación fiscal, sin intervención judicial.

"Al establecer un fuero especial y/u otorgar excesivas facultades a funcionarios del Poder ejecutivo, atentan contra los derechos y garantías de los contribuyentes al atribuirle funciones y poderes propios del Poder Judicial", advirte el Colegio de Abogados bonaerense.

Según la entidad, en el marco de un presupuesto aprobado que no satisface los requerimientos mínimos efectuados por la Suprema Corte de Justicia para garantizar un adecuado funcionamiento del Poder Judicial, cuando no se pueden implementar órganos jurisdiccionales creados por ley, resulta injustificable la creación del fuero de Ejecuciones Tributarias".

"El aludido fuero distraerá gran cantidad de recursos económicos que podrían destinarse, justamente, a la puesta en funcionamiento de aquellos órganos", precisa el escrito.

En la nota destacan además que ese fuero "significaría un dispendio innecesario de recursos, al darle funciones que están siendo atendidas por el fuero contencioso administrativo, de reciente creación".

Enumeran que entre las leyes aprobadas figuran reformas al Código Fiscal, Código de Tránsito y el procedimiento de apremio "dándole facultades al fisco de realizar embargos, secuestros e intervención de las cajas",lo que en un Estado de Derecho "sólo son concebibles en el marco del debido proceso emanado de un juez competente que garantice los derechos de defensa y de igualdad entre las partes".