«Aborto no punible. Régimen de asistencia.» El tema, que causa escozor en la Conferencia Episcopal Argentina, fue incluido al tope de las prioridades por tratar ayer en la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. No fue ésa la única mala noticia para Jorge Bergoglio ya que los diputados dejaron todo listo para emitir dictamen en 15 días y convertir en ley la reglamentación de los casos de aborto legal previstos en el Código Penal Argentino.
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En la Argentina, la regla general es que el aborto es ilegal. La ley establece penas tanto para la mujer que se lo practica como para quien realiza el procedimiento (artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal). Sin embargo, esta misma ley establece dos causas de excepción a estas penas: cuando el aborto se practica para «evitar un peligro para la vida o la salud» de la mujer o si el embarazo proviene de una violación de «una mujer idiota o demente» (artículo 86, incisos 1º y 2º del Código Penal). Justamente estos casos son los que el kirchnerismo busca reglamentar para evitar nuevas muertes de mujeres a quienes los médicos, pese a estar encuadradas en los casos de aborto no punible, se niegan a interrumpirles los embarazos por objeción de conciencia o por amparos presentados por organizaciones católicas o de fanáticos religiosos.
Ayer, la Comisión que preside el kirchnerista Sylvestre Begnis analizó dos proyectos presentados por la también kirchnerista porteña Juliana Marino y por la socialista Silvia Augsburger. Allí no se amplían los casos de aborto no punible sino que simplemente se reglamentan los ya previstos en el artículo 86 del Código Penal. De todas formas, el tema fue abordado por el Frente para la Victoria como una forma de atacar al Episcopado de Bergoglio que ya había intentado oponerse, sin éxito, a la sanción del protocolo del CEDAW (ONU) por considerarlo un paso directo hacia la despenalización de todas las formas de aborto.
La iniciativa de la kirchnerista Marino apunta a garantizar que en todos los hospitales públicos se garantice la presenciade un médico dispuestoa interrumpir el embarazo de un mujer que encuadre en los casos de no punibilidad.
Eso siempre y cuando quedeacreditado por escrito que corre riesgo la vida de la mujer o que se trata del embarazo de una demente violada. Y hasta se fija un plazo de seis días para proceder a la intervención quirúrgica.
Cruce
El tema no es menor ya que se mezcla también con la campaña por la Jefatura de Gobierno porteña, donde el ministro de Salud, Ginés González García, se postula como primer candidato a legislador por el kirchnerismo. García ya había protagonizado un duro cruce con el ahora obispo emérito castrense, Antonio Baseotto, quien sugirió -apelando a una cita del Evangelio- arrojarlo al mar por su defensa de la despenalización del aborto. En la Capital Federal, el oficialismo enfrenta a la coalición Jorge Telerman-Elisa Carrió, que cuenta con el aval de Bergoglio.
El rechazo a esta reglamentación de los casos de aborto no punible estuvo, en la reunión de comisión de ayer en Diputados, a cargo de la macrista Paula Bertol y del sobischista Hugo Acuña, quienes invocaron el derecho a la vida desde la concepción para rechazar el proyecto de Marino y Ausburger. «Les pido a los señores diputados que discutan los aspectos técnicos de los proyectos y que no entren en consideraciones morales o religiosas», fue la exhortación del kirchnerista Begnis, quien cerró el encuentro citando a los legisladores para dentro de dos semanas con la intención de emitir ya un dictamen que se debata en la Cámara baja.
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