Absurdos argentinos

Se entiende que Cristina de Kirchner intente explicar la ola de accidentes por la irresponsabilidad de los conductores. Es su manera, como la del gobierno en general, de quitarse culpas de encima y privatizar la solución. Es rendirse ante la incapacidad del Estado en la Argentina hasta de impedir que vuelva la fiebre amarilla. También se comprende que Aníbal Fernández busque el medro en divulgar su posición despenalizadora, porque si llegase a instalarla legalmente, se quitaría una responsabilidad de encima. Con el mismo criterio podría despenalizar los secuestros y los homicidios ante la incapacidad demostrada en reprimirlos.

Debe una explicación la Presidente sobre su declaración vehemente de que los accidentes de tránsito -récord en el mundo para la Argentina-se deben a la irresponsabilidad de los conductores. Lo dijo en la Casa de Gobierno al narrar el accidente del micro que atravesó la barrera baja cuando venía un tren. Intentó exculpar a un sistema que desborda de subsidios, pero que no podría pasar un examen de habilitación municipal por la falta de mecanismos de prevención. Si eso fuera así, los argentinos seríamos una raza inferior. Como respuesta al malestar del público, que ya teme y con razón subir a una autopista, el gobierno promovió una ley que le traslada al sector más ineficaz del Estado -la jurisdicción nacional-la extensión de licencias, el pago de multas y el dictado de normas.

Como hizo con la última ley de educación, se puso de nuevo a contramano de la historia.
Cuando todos los países van a la descentralización para acercar las decisiones al público y mejorar la gestión y el gasto fiscal, la Argentina reinventó la educación nacional, llevando la paritaria salarial al despacho oficial y sacando de las cenizas al gremio docente, que había quedado pulverizado -para bien del sistema educativo-con la descentralización de finales de la década de los años 80. Ahora, la educación gozará de los beneficios de la ineficacia del Estado federal, que tampoco puede dar seguridad, moneda fuerte ni, además, seguridad vial.

La emergencia pascual anunciada ayer pone 4 mil policías en las rutas, los mismos que actuaron en los planes veraniegos sin poder reducir la cantidad de accidentes. Habrá que preguntarle al gobierno qué medida tomará para mejorar la virtud de los conductores y volverlos responsables. Con eso deja de lado la posibilidad de un diagnóstico sobre una crisis que es del sistema. Y además se saca de encima responsabilidades.

Mecanismos

Podría el gobierno usar los mecanismos que tienea la mano, por ejemplo la Policía de caminos para custodiar las rutas. La mayoría de los accidentes se producen por exceso de velocidad, pero el Estado no aplica ningún sistema eficaz para promover el cumplimiento de velocidades máximas. Quien recorra las rutas nunca ha visto esa escena -habitual en los films-de la persecución policial de quien se excede en la velocidad. ¿Cuánto más? Actúan municipios con bolsillos flacos que usan la picardía de sus agentes para levantar multas. Cobrarlas es la única política que tiene el Estado, cuando debería desalentar esos excesos con prevención. En un país sin policías en las calles, cruzar un semáforo en rojo o superar los límites de velocidad no tiene ningún control, ningún mecanismo que lo desaliente ni nadie que lo reprima. El único ojo que vigila eso es la Dirección de Rentas de cada municipio con el solo propósito de cobrar multas y engordar su tesorería. Una anécdota muy citada por quienes circulan por la Ruta Nacional 14, en el Litoral argentino: agentes detienen autos señalándolos con un falso radar simulado sobre un termo para tomar mate. El conductor para creyendo que le han detectado el exceso y allí lo atracan con la multa. Mejor dicho, con la coima.

Otro absurdo argentino es cómo el gobierno instala el debate sobre la despenalización o no de la tenencia de drogas ilegales en cantidades pequeñas para consumo personal. El ministro de Justicia, como si no tuviera problemas que resolver de manera más urgente, hace prensa divulgando un proyecto de ley de despenalización, con lo cual busca un debate inconducente: sabe que en todas las veredas políticas hay quienes opinan de una u otra manera, al igual que sobre el aborto. Con el debate se busca disolver el juicio político sobre la gestión enfrentando a peronistas despenalizadores contra peronistas penalizadores; radicales despenalizadores y penalizadores.

La experiencia jurídica del ministro Aníbal Fernández es breve. Se recibió de abogado de grande, cuando ya era ministro del Interior, por lo cual alguien debería recordarle que la Justicia tiene jurisprudencia clara sobre el tema, que tampoco es unívoca.

Durante los años 90, la Corte Suprema de Justicia avanzó sobre la penalización de la tenencia de droga para consumo personal. La nueva Corte ha virado de criterio, resolviendo casos a favor del tenedor. Por más ley que imagine el gobierno, van a seguir siendo los jueces quienes dictaminen la legalidad de la tenencia según su criterio y en cada caso, y habrá fallos hacia un lado o hacia el otro, por más fotos que quiera sacarse un ministro del lado de los más débiles.

Ignacio Zuleta