La Comisión de Acuerdos, que preside el chubutense Marcelo Guinle, debía aprobar una serie de pliegos de ascensos de personal de Cancillería para 2009. Pero esa reunión ya amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para la Casa Rosada.
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Hasta ahora, esos pedidos solían despacharse sin demasiadas discusiones y menos algún rechazo. Se siguió el protocolo que indica que la Cancillería debía preparar las propuestas en octubre de cada año y elevarla para la evaluación por el Senado, que, previas entrevistas con los funcionarios, decidía sobre la cuestión.
Al mismo tiempo, siempre fue usual que algún funcionario de la Cancillería se acercara a informar a los senadores sobre los ascensos propuestos, especialmente a Guinle o a Carlos Reutemann, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Ninguno de esos pasos se dio esta vez y eso irrita a los senadores. Pero ésa no es la cuestión primordial: tanto peronistas como radicales han detectado que en las listas de pedidos de ascensos que les giró el gobierno priman nombres que no vienen de ninguno de los dos partidos, sino que pululan los ex frepasistas, concertadores y transversales. Para todos se pide un rápido tratamiento que esta vez no existirá. Los senadores quieren saber si los propuestos cumplen con los requisitos mínimos para los cargos pedidos y por eso la esperada demora.
Antecedentes
La rebelión en esa comisión no es nueva. Los problemas en realidad comenzaron cuando recibieron el pedido de acuerdo para los tres jueces que deben conformar la nueva Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz.
Los senadores en este caso también pedirán antecedentes al Consejo de la Magistratura. Quieren saber la ubicación y los puntajes que obtuvieron los propuestos en la evaluación que hace el consejo de jueces y cómo los seleccionó el gobierno. Se sabe que ninguno de los tres estuvo en la primera posición, sino todos del tercer puesto hacia abajo.
En la lista que llegó al Senado ingresaron Mario Cabriel Reynaldi, Alejandro Joaquín Carlos Ruggero y Jorge Eduardo Chávez.
Reynaldi es un teniente retirado y actuaba hasta ahora como secretario en el Superior Tribunal de Justicia. También tuvo a su cargo la coordinación de la Justicia electoral de la provincia.
Ruggero fue fiscal y desde ese cargo tuvo que llevar adelante acusaciones contra empresarios relacionados al kirchnerismo, que no terminaron procesados. Sostuvo también acusaciones contra el radical Alfredo Martínez cuando éste ocupaba la intendencia de Río Gallegos.
Finalmente, Chávez tiene una trayectoria de militancia dentro del kirchnerismo mucho más aceitada que la de sus futuros compañeros en el tribunal oral. Nació en Córdoba, donde conoció a Carlos Zannini, y luego se trasladó a Santa Cruz. Fue concejal cuando Néstor Kirchner ganó la intendencia de la capital provincial y luego se alejó por internas con Zannini hasta que volvió al redil y fue fiscal de Estado, ocupó el Ministerio de Gobierno y comenzó en la Justicia como vocal en la Cámara de Apelaciones, cargo que le servirá ahora como antecedente para el nuevo puesto.
Nada volvió a ser igual en el Congreso desde que el gobierno perdió la votación por la Resolución 125.
Explicaciones
El decreto ya se puede ver en la discusión de la reestatización de Aerolíneas Argentinas: desde hace unas semanas los proyectos ya no se aprueban sin discutir y a libro cerrado como en las épocas de Néstor Kirchner. Los propios oficialistas piden explicaciones a la Casa Rosada, demandan datos y antecedentes, y hasta introducen cambios casi sin consultar. El ejemplo de semejantes herejías para el mundo kirchnerista se ve también en el Senado.
La crisis política que enfrenta la Argentina consiguió también que se quebrara la regla de cogobierno entre la Casa Rosada y el Senado en materia de acuerdos, especialmente para embajadores, diplomáticos y jueces. Hasta en épocas de Raúl Alfonsín los embajadores eran negociados con Vicente Saadi, regla que luego rompió Fernando de la Rúa, que no envió pedidos de ascenso para no tener que acordarlos con Augusto Alasino.
Hoy la situación no es mejor: existen 75 pliegos de nombramientos y ascensos pendientes y cada vez menos disciplina entre los senadores.
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