El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, ratificó ayer que la voluntad del Gobierno nacional es garantizar la "continuidad" de Aerolíneas Argentinas y "para nada pagar ningún tipo de deuda" de la compañía.
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Jaime explicó incluso que si se comprueba que Aerolíneas no tiene activos, puede llegarse a la "expropiación" de la compañía, aunque aclaró que "tendrá que ser por otra ley".
En declaraciones radiales, el funcionario rechazó que su gestión haya sido cuestionada con el proyecto de reestatización que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y evaluó que los "derrotados" fueron los legisladores de la oposición que, según indicó, planteaban la "quiebra" de la empresa.
Además, confirmó que "a fines del año que viene" se podrán adquirir aviones provenientes de Brasil, mientras que si se decidía comprarlos a las empresas Boeing o Airbus, la entrega podría ser recién en "2011 o 2012".
Tras manifestarse "absolutamente satisfecho" por la media sanción que dio la Cámara Baja al reformado proyecto oficial de reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, Jaime disparó que los legisladores que proponían el quiebre de la compañía fueron "derrotados" por el Parlamento.
"La derrotada ha sido la propuesta de algunos legisladores que pensaban que pueden enviar a la quiebra a Aerolíneas y Austral", enfatizó el funcionario, tras negar estar él en esa posición por la eliminación del acta acuerdo que había firmado con Marsans por el traspaso de acciones.
En este contexto, el secretario de Transporte aseguró que espera "con mucho optimismo" el tratamiento del proyecto en el Senado, que podría ser tratado en la primera quincena de septiembre próximo en el recinto.
Según una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro antes de la votación en la Cámara de Diputados, la mitad de los consultados responsabilizó de la crisis de Aerolíneas Argentinas a la empresa española Marsans.
Si bien cerca del 80 por ciento manifestó su intención de que Aerolíneas sea argentina, el 37,8 por ciento prefierió que sea una empresa del Estado, mientras que un 34,1 por ciento que sea de capitales privados nacionales.
Sumando aquellos que quieren una empresa mixta, más del 50 por ciento de los entrevistados pidió que el Estado participe de la gestión de la empresa.
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