Cristina Caamaño junto a Alberto Fernández y Santiago Cafiero en la Casa Rosada.
El presidente Alberto Fernández firmó el decreto de intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por un plazo de 180 días, y designó en el cargo e inmediatamente puso en funciones a la fiscal nacional Cristina Camaño, quien estuvo al frente de la Oficina de Observaciones Judiciales encargada de las escuchas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El mandatario recibió a Camaño anoche en su despacho de la Casa de Gobierno, en un encuentro del que participó además el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
De esta forma, la actual presidente de la agrupación Justicia Legítima desembarcará en la AFI con la misión de “reestructurar” todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado, tal como anunció el mandatario en el discurso de asunción ante al Congreso.
La intervención de Caamaño deberá echar luz sobre el uso del dinero público en las operaciones de espionaje. Para ello, se espera que en los próximos días Fernández derogará el Decreto 656/16 que de acuerdo al propio Presidente “consagró el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de la inteligencia de los fondos del Estado”.
En 2019 el Gobierno de Cambiemos ejecutó $2.400 millones de los $2.700 millones presupuestados en “gastos de inteligencia”. Ninguno de los fines perseguidos por el cuidado de la seguridad nacional, misión fundamental de una central de inteligencia.
Caamaño fue la fiscal de la causa por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocupó la Secretaría de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré y tuvo a cargo de la oficina de las escuchas judiciales cuando Alejandra Gils Carbó era la procuradora general de la Nación. Públicamente se expresó a favor de avanzar con la hipótesis del "suicidio inducido” en el caso Nisman.
Dejá tu comentario