Nueva denuncia de AFI por administración fraudulenta

Política

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, pidió la indagatoria del expresidente Mauricio Macri ante una nueva denuncia por compras irregulares de la AFI durante su gestión.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño pidió la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en una nueva denuncia penal para que se investigue la responsabilidad de ex autoridades y funcionarios del organismo durante la gestión Cambiemos por graves irregularidades en compras y contrataciones para la Agencia que ocasionaron un perjuicio millonario.

También se solicitó la indagatoria para la ex cúpula de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La denuncia apunta a delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público, que ocasionaron un perjuicio al erario público de alrededor U$S 1.430.000 y $ 33.309.880.

La presentación se suma a dos denuncias anteriores presentadas durante el mes de agosto, por lo que se solicitó a la justicia la investigación de compras y contrataciones por un total de U$S 2.203.641 y $ 47.198.824, ejecutadas por la anterior gestión de la AFI.

Tras el sorteo, la denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Servini.

El entonces director general de la Agencia Gustavo Arribas dispuso que todas las compras del organismo sean directas y secretas.

Bajo ese marco normativo “caracterizado por la opacidad”, en agosto de 2017 la AFI invocó razones de “necesidad y urgencia” para la contratación directa de una licencia de software denominado “OpenMind”, herramienta informática que se utiliza para la recolección y análisis de fuentes abiertas de Internet, todo ello en miras de ser empleada para la Conferencia de la Organización Mundial de Comercio que tendría lugar cuatro meses después en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La denuncia consigna que en ese contexto, el 13 de octubre de 2017, la AFI emitió una orden de compra por u$S 1.000.000 y luego, al mes siguiente, otra por U$S 127.000 en concepto de renovación anual, todo ello sin jamás solicitar un precio testigo a la Sindicatura General de la Nación -atento a lo excesivo del monto y la exclusividad del servicio por el proveedor- al tiempo que tampoco se justificó la utilización del pago en moneda extranjera –dólares-, ajena al curso legal.

Adicionalmente, el software en cuestión requiere para su uso el pago trimestral de U$S 30.000, un costo por demás exorbitante frente a utilidad que ofrece ese recurso informático.

UN MILLÓN DE DÓLARES de fondos públicos para la obtención de una simple herramienta informática, justificado ilegítima e irracionalmente en la celebración de un evento internacional”, concluye la denuncia.

La anterior gestión de la AFI efectuó –en octubre de 2017- la adquisición de servidores, equipamiento y software necesario para la implementación del sistema “OpenMind”, todo ello por un valor total de U$S 306.859,48.

Además del alto costo abonado, del análisis del expediente de contratación directa surge que no se fundamenta ni acredita la necesidad de contar con dicho equipamiento para las reuniones de la OMC, resultando por demás llamativo que parte de los bienes comprados fueron recibidos recién en febrero de 2018, es decir, dos meses después de finalizado el mencionado evento internacional, “lo que evidencia la manifiesta ineficacia, debido a los incumplimientos de la debida planificación”.

Otro de los hechos denunciados tiene que ver con la contratación de un software de gestión de expedientes jurídicos, en diciembre de 2016, por medio de un expediente de contratación directa del que surge que resultó adjudicataria la firma One Finger S.A.

A pesar de la ausencia de un circuito de conformidades o controles previos, se emitieron hacia esa sociedad comercial órdenes de compra por un total de $3.180.485, cifra que se ubica un 36% por encima de la propuesta de otro oferente que resultó desestimado por presentar un “precio elevado”. Cabe agregar que la actual intervención de la AFI encontró el referido software parcialmente instalado y con su desarrollo incompleto, por lo cual de querer utilizar el mismo esto no sería posible.

“Lamentablemente, o intencionadamente- se fueron en pago más de tres millones de pesos en un software inutilizable”, evaluó la interventora.

Por último, la presentación describe el acto administrativo mediante el cual se llevó adelante la compra directa de Licencias de Bases de Datos (Oracle) a la firma Preteco S.A., por un total de $30.129.395.

Como en otros casos similares, se incumplió en acreditar la exclusividad del servicio y del proveedor invitado a cotizar, habiéndose descartado otras tecnologías y empresas, así como tampoco se fundamentó la urgencia y/o necesidad, tal como lo impone la reglamentación de contrataciones 1023/01. “Se pagaron más de 30 millones pesos por un sistema operativo del que únicamente se utiliza una parte de él y, como mayor agravante, existen otros software libres que no sólo sustituyen a Oracle, sino que son mucho más eficientes”, indicó la interventora.

Además de sugerir una batería de medidas probatorias, la presentación solicita que se cite a prestar declaración indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520), al ex director general Gustavo Arribas y la ex subdirectora general Silvia Majdalani. En base a su presunta responsabilidad en los hechos descriptos, también se requirió la indagatoria del ex director de la Dirección de Gestión Económica y Financiera; ex titular de la Dirección de Tecnología de la Información; un ex asesor del director General, quien suscribió la justificación de compra del software “Open Mind”; y el ex director operacional de Ciberinteligencia.

Para la interventora, “establecer unilateralmente la totalidad de compras con carácter de secretas, es una licencia ilegítima para disponer de recursos públicos sin límites, sin ley, control, transparencia ni competencia empresarial, que en la práctica produjo además un perjuicio concreto y serio a las arcas del Estado y un detrimento a la sociedad”.

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