Una fiscal avanza en la denuncia por compras irregulares que hizo la AFI marcrista

Por una denuncia de la interventora del organismo Cristina Caamaño se investiga la responsabilidad de ex autoridades de la Agencia por un perjuicio económico de $3.088.944 y U$S 657.751.

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La fiscal federal Alejandra Mangano dio impulso a una denuncia por irregularidades en contrataciones realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri y pidió al organismo que remita toda la documentación vinculada a esas compras.

La causa que tiene delegada la fiscal Mangano se inició por denuncia de la interventora del organismo Cristina Caamaño por compras irregulares, que incluyen desde equipamiento para un laboratorio de informática forense que no se habría usado nunca, la contratación de un programa de entrenamiento en poligrafía, hasta arreglos florales y habitaciones en el lujoso LLao LLao para un Foro en Bariloche.

Mangano solicitó a la AFI que remita todos los expedientes y documentación referida a los hechos denunciados por la interventora.

En el caso se investiga la responsabilidad de ex autoridades del organismo en graves irregularidades vinculadas a compras y contrataciones, que implicaron un perjuicio económico de $3.088.944 y U$S 657.751.

En la presentación original se solicitó la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri, del ex titular de la AFI Gustavo Arribas y de quien fue su segunda Silvia Majdalani.

Los cuatro hechos denunciados se ejecutaron en el marco de la vigencia del Decreto 656 dictado en mayo de 2016, que estableció el carácter secreto del presupuesto de las erogaciones efectuadas por la Agencia. Tal como sucedió con la denuncia penal realizada días atrás, los presuntos ilícitos puestos ahora en conocimiento de la justicia salieron a la luz en virtud del control realizado por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Federal de Inteligencia que analiza las compras y contrataciones de la AFI.

En el primer caso se detectó, que a través del mecanismo de contratación directa, la adquisición de equipamiento tendiente a dotar de elementos técnicos a un Laboratorio de Informática Forense de la Agencia -objetivo presuntamente fundado en la necesidad de efectuar una pericia informática ordenada en el marco de una causa judicial que tramitaba ante el Juzgado Federal N°6, Secretaría N°12-, si bien nunca se halló documentación que acredite el correspondiente oficio que solicitaría el peritaje.

La denuncia indica que no se encuentra acreditado el uso del laboratorio en cuestión. Sin embargo, la Agencia pagó un total de $2.260.000 y U$S 64.505. “La pericia referida, si es que realmente existió, la podría haber efectuado cualquiera de las fuerzas de seguridad, en su función de auxiliar de la justicia, tal como ocurre en la práctica”, agrega el escrito.

Otro de los hechos bajo análisis tuvo como epicentro la organización del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos que se llevó a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, del 27 al 29 de septiembre de 2017.

Con motivo del evento, se realizaron contrataciones –desde arreglos florales, pasajes aéreos y terrestres a una agencia privada, accesorios de librería y regalos protocolares, entre otros- en abierta transgresión a los principios de legalidad y promoción de la competencia, eligiéndose ilegítimamente en la mayoría de los casos en forma directa a los proveedores por cada rubro, sin justificación alguna, y en ciertas ocasiones pagando dos veces el mismo servicio.

En ese sentido, la denuncia pone de relieve una erogación “directa y desproporcionada” de U$S 157.563,93 para la contratación de habitaciones, en su mayoría de “categoría superior”, en el “Hotel Llao Llao”. En definitiva, el evento implicó un desembolso total de U$S 157.563,93 y $ 828.555.

También, pide que se investigue la contratación directa con una firma de México para la realización de un programa de entrenamiento en poligrafía para 12 profesionales. La operación, con un único oferente por la suma total de U$S 50.000, tiene la particularidad de que la solicitud de compra que da inicio a toda contratación fue emitida 18 días después de la orden de compra, es decir, primero se efectuó la adquisición y luego se confeccionó el acto administrativo que la propone, “inversamente a lo que sucede en el tiempo y violando manifiestamente la ley”.

A poco de asumir, la interventora Cristina Caamaño dispuso la prohibición del uso de los polígrafos, práctica que la anterior gestión utilizaba con empleados y empleadas, sin ningún tipo de justificación y en vulneración de derechos básicos.

Entre los hechos denunciados, se encuentra también la adquisición, en 2016, de equipamiento para la red de comunicaciones de la Agencia. La presentación señala que en el expediente de contratación directa confeccionado al efecto surge que inicialmente se presentaron tres empresas oferentes que cotizaron en moneda nacional, y que luego, sin mediar motivos para su reiteración, la Dirección de Servicios y Soporte Técnico expresó que se realicen nuevas cotizaciones, pero ahora en dólares. Finalmente, se realizaron dos órdenes de compra a la firma “Corporate Corp S.A”, por U$S 42.291,93 y U$S 343.392,39, respectivamente.