Exfuncionario de la AFIP admitió que se reunió en secreto con juez por Báez

Política

Reunión por investigación fiscal no quedó asentada en la causa. Exdirector habló de "amenaza" por Cooperadora en Río Gallegos, pero negó desguace.

Tras quince días sin audiencias se reanudó el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Con la declaración de un funcionario de la AFIP, el proceso continuó centrado en las inspecciones fiscales sobre constructoras patagónicas, y Austral Construcciones.

Ayer fue el turno del contador Camilo Manuel Merino, quien se desempeñó en la delegación Comodoro Rivadavia del ente recaudador, bajo las órdenes de Jaime Mecikovsky, como jefe de la División de Revisión y Recursos, al momento de las investigaciones por facturación trucha sobre las constructoras Gotti y Austral.

“Grupo de tareas”

En ese marco, el testigo confesó que en 2016, cuando ya era director de la regional Bahía Blanca -cargo al que accedió por un ascenso otorgado por Mecikovsky- se reunió en privado con el juez Federal Nº 1 de esa ciudad, Walter López Da Silva. El encuentro fue en el despacho del magistrado. Según reveló el propio declarante, fue para hablar de la causa por evasión 10.451, en la que estaba investigado Lázaro Báez. También reconoció bajo juramento que no constó en la causa y que no se comunicó a nadie sobre ese encuentro. El hecho es, a todas luces, irregular, ya que la AFIP era parte en el proceso y el juez tiene totalmente prohibido reunirse en privado con ninguna de las partes.

Como ya consignó Ámbito, el 15 de septiembre de 2009, Báez denunció ante el entonces director de la AFIP, Ricardo Echegaray una serie de presuntas maniobras de persecución en su contra perpetradas por Jaime Mecikovsky y otros funcionarios de la AFIP Comodoro Rivadavia, entre ellos Norman Williams y el propio Merino. Todos, acusados por el empresario de integrar un “grupo de tareas”, forman parte de esta ronda de testigos convocada por la acusación. Y todos, sin excepción, reconocieron que hablaron con Mecikovsky -quien forma parte de la lista de testigos- de esta causa antes de declarar, lo que está prohibido por el Código. Merino es el cuarto testigo que confiesa que tuvo contactos con el hombre de Elisa Carrió antes de comparecer ante el Tribunal.

Amenazas

En un momento de su extensa declaración, Merino se quebró al relatar un episodio que leyó como una “amenaza”. Estaban analizando la exención del pago de ganancias de diversas entidades, entre ellas la Cooperadora del Hospital de Río Gallegos. “Dentro de los socios había figuras muy importantes de la política nacional, estaban Néstor y Cristina (Kirchner), Báez, Julio De Vido y otras personas, vecinos de Río Gallegos. Las condiciones en las que se presentaban no eran las ideales, había una dirección de fondos hacia un socio que se encargaba del mantenimiento de sistemas de calefacción”, dijo. Y recordó que él había advertido de un posible beneficio para este contribuyente: “Luego se presentó una persona del ministerio del Desarrollo Social, de Alicia Kirchner, que también era socia de la cooperadora. Este delegado conversó con nosotros de la importancia que tenía para la Ministra esa excepción; le explicamos que para nosotros esa persona de calefacción se veía beneficiada. Considerábamos que había una distribución indirecta de utilidades en su favor”, expresó.

Según Merino, luego de esto, el contador Héctor Sartal le dijo: “A estos tipos hay que hacerles caso”. Relató que “justo una ventana del despacho (donde se encontraban) da al mar” y señalando le refirió: “A estos tipos no se les dice que no. Sino terminamos flotando ahí”. A raíz de este suceso, Merino dijo que tuvo miedo y que comenzó a acompañar a su hijo a la escuela todos los días. “No supimos qué hacer. Para ese entonces, mi hijo menor tenía 7 años, mi temor fue tal que iba todos los días a esperarlo para acompañarlo”, declaró.

Facturas apócrifas

Por otra parte, la declaración de Merino dio por tierra con una de las hipótesis de la acusación sobre el cierre de la seccional Bahía Blanca. Las querellas y el Ministerio Púbico –y varias publicaciones periodísticas- apuntan a que Echegaray cerró esa dependencia porque sus integrantes investigaban a las empresas de Báez. Sin embargo, Merino desechó esta hipótesis al asegurar bajo juramento que la dependencia dejó de existir por un extenso y duro conflicto gremial. Había diferencias respecto de la carga horaria de los trabajadores y hubo sucesivos paros. La AFIP cerró la filial y trasladó a todos los empleados a la regional de Mar Del Plata.

En esta etapa del juicio lo que busca la acusación es relacionar las investigaciones por facturas apócrifas con los presuntos beneficios a la firma de Báez. Las preguntas del fiscal adjunto Sergio Mola apuntaron a demostrar que hubo una persecución a los funcionarios de la AFIP que llevaron a cabo las actuaciones sobre Austral y Gotti S.A. Hasta el momento los testigos dejaron entrever que -en su momento- consideraron que ellos mismos o sus compañeros habían sido desplazados de sus cargos a raíz de dichas inspecciones. Sin embargo, ninguno de ellos, incluso Merino en esta oportunidad, pudieron acreditarlo o asegurarlo en forma directa.

Es una incógnita, hasta ahora, cómo evaluará el Tribunal esta ronda de declaraciones en este sentido. Es decir, si valorará que esas supuestas presiones existieron realmente y si implicaron una maniobra para beneficiar a Báez. Hasta ahora, ninguno de los funcionarios pudo señalar con nombre y apellido el origen de esos supuestos manejos. Por su parte, la defensa de Báez busca demostrar que ese mismo grupo de personas tuvo “animosidad” contra él y sus empresas. Acusaciones cruzadas que deberán ser sopesadas por los jueces a la hora de la sentencia.

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