Una serie de mensajes contradictorios expresó el gobierno iraní respecto al acuerdo alcanzado con la Argentina para la investigación del atentado a la AMIA. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ramin Mehmanparast, negó por la mañana la indagatoria de su ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, sospechoso de estar implicado en el ataque de 1994 que dejó 85 muertos. Sus dichos dispararon la fuerte reacción de la comunidad judía en la Argentina, quienes ratificaron su rechazo al memorando de entendimiento. La situación dejó en serio peligro de fracaso al acuerdo por la Comisión de la Verdad.
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Tras las declaraciones del vocero del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, el propio canciller de Irán, Ali-Akbar Salehi, contradijo a su funcionario y aseguró que su país y la Argentina "adhieren plenamente a las disposiciones del acuerdo sobre el caso AMIA", y dejó en claro que el entendimiento firmado "sirve como base para nuestra entrada en el esclarecimiento del caso".
El portavoz de la cancillería había aclarado que "el tema de la indagatoria de un responsable iraní es totalmente falso, parece que los que se inquietan por este acuerdo difunden este tipo de informaciones", según un cable de la agencia AFP. "Los responsables iraníes y argentinos aceptaron cooperar para esclarecer este caso, el acuerdo sigue su curso y ayudará de manera segura a resolver el problema", agregó.
Sin embargo, según informó la agencia estatal Télam, el titular de la cartera de vínculos foráneos de Irán dijo que "nos hemos reunido durante dos años con el canciller argentino Héctor Timerman", y detalló que "los contactos y las reuniones culminaron en un acuerdo de 9 puntos que se centró en la solución de los problemas relacionados".
"El acuerdo sirve como base para nuestra entrada en el esclarecimiento del caso AMIA", dejó en claro Salehi, quien además manifestó su esperanza de que "la verdad saldrá a la luz".
El 30 de enero, Timerman, anunció que Ahmad Vahidi sería indagado por un juez argentino en Teherán como parte del acuerdo bilateral para investigar el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.
"Yo me aseguré de que (Vahidi) tenga que estar presente cuando el juez lo interrogue, y va a estar", dijo Timerman tres días después de concluido el acuerdo con su homólogo iraní Alí Salehi para la creación de una comisión de investigación independiente.
Pese a las diferentes declaraciones, ningún organismo oficial aclaró si el ministro de Defensa iraní será indagado, lo que generó que la AMIA y la DAIA emitiesen un comunicado conjunto pidiendo al Congreso rechazar el acuerdo.
En tanto y tras la oposición del presidente de la AMIA Guillermo Borger al acuerdo, la presidente Cristina de Kirchner salió al cruce de sus afirmaciones y afirmó vía Twitter que "el Pueblo Argentino en general y la Justicia en particular deben y merecen conocer lo que sabe Borger", sobre la posibilidad de que ocurra en Argentina un "tercer atentado". La mandataria lo hizo en respuesta a las críticas del dirigente comunitario al memorándum de entendimiento suscripto entre Argentina e Irán.
Así, Cristina de Kirchner reprodujo en su cuenta la cita textual de lo pronunciado por Borges, quien dijo que "algunos dicen que (el acuerdo) es un paso adelante. Esto puede ser un paso adelante al precipicio, porque si esto avanza estaríamos dando lugar a un tercer atentado muy lamentable".
Por el atentado contra la AMIA Argentina reclama desde 2006 la extradición de ocho iraníes, entre ellos el actual ministro de Defensa Ahmad Vahidi, el expresidente Alí Rafsanjani (1989-1997) y el excanciller Alí Akbar Velayati, todos ellos con orden de captura internacional avalada por Interpol.
La justicia también sospecha sobre la responsabilidad de Irán en la explosión de un coche bomba en 1992 delante de la Embajada de Israel, que dejó 29 muertos y 200 heridos. En tanto, Irán siempre desmintió toda implicación en los atentados.
La comunidad judía argentina rechazó el acuerdo entre Irán y Argentina. Por su parte, Israel declaró su "decepción" y "protestó contra la actitud inaceptable del gobierno argentino hacia Israel".
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