"Nunca más" judicial: quita de fondos reservados a la AFI y reforma de Comodoro Py, anuncios de alto riesgo de Fernández

Política

Confirmó agencia de espías intervenida y sin "gastos reservados", como había adelantado Ámbito Financiero. Reforma de tribunales: fusión y sistema acusatorio acelerados. Intriga de jueces y reacción de servicios en el horizonte.

Alberto Fernández utilizó su discurso de asunción presidencial ante la Asamblea Legislativa para lanzar el mayor desafío institucional desde el regreso de la democracia: aseguró que dispondrá la inmediata “intervención” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que se procederá a una “reestructuración” integral del sistema de espionaje, una deuda que, históricamente siempre derivó en reacciones desestabilizadoras para resistir cambios. El Presidente fue más allá, y tal como adelantó Ámbito Financiero, anunció la eliminación de los denominados “fondos reservados”, que ahora serán derivados para financiar el presupuesto del Plan Nacional del Hambre.

El cachetazo para el submundo del espionaje criollo es proporcional a la onda expansiva que representa este inédito intento. La poda, de acuerdo a las cifras del Presupuesto 2020 para "gastos de inteligencia" podría rondar en los $3.642 millones. Se confirma asfixia de relaciones entre espías y Comodoro Py.

La referencia de Fernández estuvo antecedida de otro anuncio más predecible pero todavía guardado bajo siete llaves, una reforma integral de la justicia federal. Fue poner en un titulo la agenda de cuestionamientos al accionar de Comodoro Py referido a las prisiones preventivas a mansalva ya los procesos forzados al calor de los vientos políticos. Confirmó así el mensaje de F&F contra los "operadores judiciales" y contra los jueces "mutantes" que pueden mudar de piel de acuerdo a la policromía política. El mensaje de ayer ante el Congreso fue de tolerancia cero a cualquier movimiento que intente ejercitar la supervivencia en los términos habituales de la justicia federal. Anoche era un interrogante para los jueces que habitan el edificio de Retiro en qué se iba a transformar la advertencia. Ni quienes serían los destinatarios de las eventuales sanciones por su camaleonismo.

La expectativa para escudriñar las modificaciones que planea Fernández tienen el deja vu del paquete de leyes de "democratización" de la justicia, último fracaso reformista encarado por el kirchnerismo que mostró el vigor de los anticuerpos del Poder Judicial. Pero el contexto hoy es otro y la mirada atenta de los jueces de la Corte Suprema en el momento exacto en el que el Presidente pronunciaba el tramo más duro contra la justicia fueron la metáfora del impacto.

Las pistas en torno a cómo leer las reformas han ido en un sentido doble. Por un lado la posible unificación con el fuero penal ordinario, una idea que Gustavo Béliz propició en el primer kirchnerismo pero no pudo vencer la resistencia de los servicios de inteligencia, principales perjudicados con una atomización de su campo de acción. La UCR mantuvo esa idea que implica una jugada de alto riesgo. Lo mismo que podría ser avanzar en paralelo con la implementación del nuevo Código Procesal Penal pero en el distrito de Capital Federal, el más político. Implicaría licuar el poder de los jueces a través de su transformación en jueces de garantías con las investigaciones en cabeza de los fiscales. Podrían ser ambas. Y en simultáneo, tanto la fusión como el acusatorio.

Es que para el nuevo sistema se precisa una estructura ampliada seis veces superior a la actual. La creación de cargos nuevos implicaría dispendio de fondos y tiempo. Pero el fuero criminal y correccional es el que mayor experiencia tiene en el sistema acusatorio, lo que evitaría también la demora en su entrenamiento para aplicarlo. Las dos vías no son excluyentes.

Bajo el etéreo rótulo de “gastos de inteligencia” la administración Cambiemos destinó este año $2700 millones de los cuales se ejecutaron $2400. Obviamente incluye el funcionamiento de la plantilla de espías oficial pero también –y gracias al decreto 656, del 6 de mayo de 2016- también los fondos reservados cuya aplicación es secreta e inmotivada. Operaciones clandestinas, pagos a agentes inorgánicos, financiación de operaciones mediáticas a través de pagos a periodistas y hasta sobre sueldos a magistrados, y honorarios a abogados han sido prácticas desviadas para las que se ha destinado dinero desde el submundo del espionaje. Ninguno de los fines perseguidos por el cuidado de la seguridad nacional, misión fundamental de una central de inteligencia.

Pero lo que fue poco advertido fue que con el simple acto formal, Fernández derogó ese decreto de Macri que a su vez derogaba el Decreto N°1311/15 del kirchnerismo que reglamentaba la estructura orgánica, las misiones y funciones de la AFI. Pero también contenía disposiciones respecto a personal, administración transparente y aplicación de fondos a misiones secretas. Por ende, lo que deja vigente ese acto administrativo que anula el acto que anuló el decreto previo es la letra de la ley que creó la AFI. Restará conocer el nombre del interventor y el formato que elige Fernández para empezar a tomar los riesgos que anunció.

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