El futuro de la AFI: "partida", sin más "fondos reservados" (control secreto)

Política

Cautela y cavilaciones previo a definición de "Señor 8". Implosión total versus desembarco y auditoría. Desmembramiento en áreas para desactivar injerencia en la Justicia federal. Vuelta atrás con decreto de Macri por el dinero asignado. Béliz, redactor.

El sigilo y la cautela en torno a un asunto de extremada sensibilidad quedaron en evidencia durante la presentación oficial del Gabinete que acompañará a Alberto Fernández. El Presidente electo evitó cualquier precisión en torno al futuro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Dijo que aunque tenía en mente la persona para comandar los destinos del espionaje, estaban “decidiendo cómo encarar ese tema”, antes de hacerlo público. En rigor, los equipos de trabajo de Fernández están diseñando el esquema menos perjudicial para “partir” la Agencia de espías y –como adelantó Ámbito Financiero- estrangular sus vínculos con la Justicia federal. Sin embargo, en este aspecto, en las últimas horas primó la indecisión respecto a qué camino tomar.

La disolución del organismo enquistado en las oficinas de la calle 25 de Mayo tal como se lo conoce y su reorganización integral –en varios “fragmentos”- transformándolo en un bureau especializado con control parlamentario de la Comisión Bicameral Permanente de organismos de Inteligencia es la idea más acabada (en el pizarrón). Si prospera, comenzará por un proceso de transparencia focalizado en los fondos que recibe y asigna. Una vuelta atrás del decreto 656, del 6 de mayo de 2016, con el que Mauricio Macri devolvió el carácter secreto a los denominados “fondos reservados”.

La estrategia de Fernández está siendo calibrada al milímetro por las consecuencias que podría tener una implosión en la central de espionaje, cuyas consecuencias se trasladan inmediatamente a enrarecer el clima político. Es por eso que no se reveló el nombre del “Señor 5”, denominación del secretario de inteligencia, ni tampoco se filtró un nombre para el despacho del “Señor 8”, quien adquiere mayor relevancia aún por ser la persona que operativamente comanda a los espías. El nombre de José Pepe Albistur comenzó a girar sobre el sillón del “5”.

Gustavo Béliz, quien se halla abocado al diseño de la Ley de Ministerios, es uno de los encargados de delinear la nueva estructura, posiblemente a través de un decreto. Es un terreno conocido por el flamante secretario de Asuntos Estratégicos pero uno que lo remite a la experiencia fallida que lo eyectó del gobierno de Néstor Kirchner. El contexto es significativamente diferente pero ofrece otros desafíos: el caso D´Alessio evidenció hasta qué punto existen organizaciones para oficiales que se dedican al espionaje y la extorsión por fuera de la órbita oficial pero con nexos aceitados con agentes activos; el espionaje criollo es extremadamente permeable a sus vinculaciones con agencias extranjeras, incluyendo la CIA, la DEA y otros servicios de inteligencia con mayor poderío; existen ramificaciones con influencia en investigaciones penales en otras dependencias públicas como AFIP, y Procuración donde todavía existe el denominado “doble legajo”. Todas estas variables ponen en jaque cualquier intento reformista que quede aislado de consecuencias. Las primeras ideas las había acercado el especialista en seguridad Marcelo Saín, pero incluían medidas drásticas.

Hubo recomendaciones respecto a un desembarco tradicional, pero acompañado de un diagnóstico profundo respecto a recursos, auditoría y mecanismos reales de intervención para conocer la “botonera” de la AFI. Eso incluye la “recuperación de documentos” que hayan sido trabajados a lo largo de estos cuatro años. Prácticamente imposible dada la hiperactividad de las trituradoras de papel, habitual a todo cambio de gestión. Una vez cumplido este “due dilligence” se procedería a la cirugía mayor, descontando las jubilaciones de agentes y la neutralización de la “mano de obra desocupada”, cuya peligrosidad es bien conocida. Pero en esta escena, aparecieron como prácticas colaterales del espionaje vernáculo los grupos “sueltos”, la preparación de testigos, la duplicación de causas (incluidas las precausas) y directamente el “monotributismo SIDE”, del que dio cuenta este diario cuando se quedó sin insumos una industria paralela de los servicios basada en traficar con el material de las desgrabaciones de las escuchas telefónicas. Una acordada de la Corte forzó a los jueces penales a elegir otras vías para obtener las transcripciones.

La “partición” de la AFI perseguirá un primer objetivo fundamental que Fernández no discute y alienta: anular su injerencia en juzgados y fiscalías federales y expulsarlos de las áreas en las que puedan trajinar pasillos.

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