Alfonsín critica, pero tuvo poderes totales

Raúl Alfonsín

Por una vía o por otra, Raúl Alfonsín está destinado a entrar en contradicción con el gobierno de Néstor Kirchner. Y no sólo porque el elenco actual menosprecie la reivindicación de los derechos humanos que él llevó adelante en los 80, seleccionando sólo las instrucciones a los fiscales y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para recordar esa década. También Alfonsín se puso en la línea de fuego al alertar sobre «la muerte de la República», que según él podría sobrevenir si se aprueban las facultades extraordinarias para modificar partidas presupuestarias que reclama el jefe de Gabinete del Congreso.

Todo el peronismo hace gimnasia en estas horas para recordar la falta de cultura administrativa que caracterizaba a la Argentina durante la presidencia Alfonsín. Sobre todo, en el cumplimiento del Presupuesto.

Algo de verdad hay en esa reconstrucción histórica: el proyecto de ley se enviaba habitualmente tarde, muchas veces cuando había pasado un año del cierre del ejercicio. En otras palabras, Alfonsín no sólo modificaba partidas a su antojo, sino que gobernaba sin presupuesto. En beneficio del líder radical hay que consignar que difícilmente hubiera conseguidoque la mayoría peronista que debió enfrentar en los últimos años de gestión le hubiera facilitado la sanción de la ley.

Atrasos

En rigor, durante casi todos los años de aquel gobierno radical el Presupuesto Nacional se enviaba al Congreso cuando la ejecución estaba bien avanzada. Cada año comenzaba sin ley y el gobierno gastaba a cuenta de una aprobación hipotética.

Hasta que llegó 1989: ese año, directamente, se gobernó sin la «ley de leyes». «¿Habrá muerto la república en aquel entonces?», se preguntaba ayer un legislador memorioso.

Un año antes, en 1988, el Poder Ejecutivo consiguió facultades de la Legislatura para aumentar las partidas a medida que se incrementaba la inflación, lo cual fue una especie de «piedra libre» para el Ministerio de Economía.

Estos recuerdos peronistas, que serán exhumados esta semana y la próxima en el Congreso, tienen aristas políticas interesantes, hasta paradójicas. Con esta argumentación, por ejemplo, los defensores de Néstor Kirchner se obligarán a sí mismos a defender los 90, «década infame» en la que se inauguró la pasable prolijidad presupuestaria que se registra en la Argentina, a pesar de superpoderes y delegaciones excesivas.

La primera señal en favor de un manejo más responsable de los recursos se emitió en 1991, cuando se aprobó la Ley de Administración Financiera. Promediaba esa década cuando el Ejecutivo comenzó a remitir al Congreso el proyecto de Presupuesto nacional en setiembre, para que se trate antes de que comience el año para el cual fue elaborado. Tiempos «ejemplares» del menemismo, cuyas virtudes procesales podría reclamar para sí Alberto Fernández, integrante por entonces del equipo económico (con Néstor Rapanelli y Domingo Cavallo). Otra paradoja. También va a ser divertido escuchar a Carlos Kunkel o a Carlos «Cuto» Moreno levantar la bandera de los 90 por el sólo placer de enrostrar a Alfonsín y su UCR las desmesuras de entonces, casi convertidos en «Chicago boys».

La polémica tiene otro rasgo capcioso. ¿Dónde será puesto el «jarrón Lavagna»? ¿Le pasarán la cuenta por los desaguisados de los 90, cuando reportaba a Juan Sourrouille o lo pondrán en la cuenta de la prolijidad K? A pesar de que, como sostiene Jorge Asís, «hasta ahora, lo de Lavagna es un maremoto en un florero», para Kirchner y sus seguidores cualquier discusión se encara después de determinar si el fundador de Ecolatina pierde o gana con ella. Da la impresión de que cuando los amigos del santacruceño confesaban que «Néstor le tiene mucho respeto a Roberto, no se anima a contradecirlo», decían la verdad.

Batalla retórica

Más allá de la campaña (si es que hay algo más allá de la campaña), al gobierno le espera sólo una batalla retórica en el Congreso. Es muy probable que pueda imponer su número y más probable todavía que la oposición no consiga armar un bloque homogéneo en su contra, aun con argumentos muy razonables. Esta holgura tal vez es la razón por la cual el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, terminó por descartar una salida que le acercaron desde el bloque del Frente para la Victoria, destinada a mejorar la estética de sus pretensiones. Esa sugerencia consistía en someter las modificaciones presupuestarias al control de la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas.Es un organismo desconocido a pesar de su importancia: de esta comisión creada en 1878 depende el visto bueno sobre todos los movimientos presupuestarios que realiza el Ejecutivo ejercicio tras ejercicio. Como quien puede lo más puede lo menos, Oscar Lamberto -viejo lobo de mar en cuestiones de presupuesto y presidente de esta bicameralpropuso a través de un proyecto de ley que todas las enmiendas del gobierno al cálculo de recursos y gastos pasen por ese cuerpo. Si no se las aprueba en 30 días, las correcciones quedarían firmes. El diseño sigue los antecedentes internacionales.

Con independencia de la propuesta de Lamberto -capaz de aumentar todavía más el poder de los integrantes de esa comisión-, Kirchner no tiene intención de autoimponerse límites en relación con el control que puedan ejercer terceros sobre sus actos. Si para sustraerse de cualquier tutela le adelantó al Fondo Monetario Internacional 9.500 millones de dólares, es lógico -aunque no justoque aproveche su fuerza parlamentaria para sacudirse de encima a gente mucho menos dispuesta a atarle las manos, como los diputados y senadores que votarán sus superpoderes.