Allanamientos en masa por compras en el Ejército

Nilda Garré

La Policía Federal realizó ayer más de un centenar de allanamientos ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en una causa que investiga presuntos delitos en compras y contrataciones del Ejército. El operativo de la Justicia Federal abarcaba la Capital Federal, el conurbano bonaerense y localidades de otras provincias.

Varios de los allanamientos se concretaron en dependencias del Ejército ya involucradas en la investigación judicial iniciada el pasado 8 de agosto por una denuncia del Ministerio de Defensa.

Fueron allanados el Batallón de Intendencia 601 de El Palomar, la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército en Ciudadela y el Comando de Operaciones Terrestres en Campo de Mayo, los tres en el Gran Buenos Aires.

Según el fiscal Eduardo Taiano, hay serios indicios de actos simulados de competencias entre oferentes para adjudicarcontrataciones determinadasde antemano.

Taiano dice haber detectado compras ficticias, falsificaciones de firmas y contratos con proveedores que se dedicaban a rubros distintos de los requeridos, entre otras irregularidades.

La causa fue iniciada el 8 de agosto a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Defensa ante la Justicia Federal, sobre la base de una investigación previa de su Unidad de Auditoría Interna (UAI).

Vínculos

Entre otras irregularidades o delitos, la UAI detectó vinculaciones de integrantes del Ejército con adjudicatarios de compras y el desdoblamiento de las contrataciones para eludir la fiscalización de los organismos de control.

Además, aparentes competidores compartían la misma dirección, algunas empresas ganaban licitaciones en rubros diferentes de aquellos para los que estaban habilitadas y la mayoría de los oferentes se hallaban inscriptos como monotributistas.

En paralelo a la denuncia judicial inicial, la ministra de Defensa, Nilda Garré, dispuso separar de sus cargos a 31 militares, entre los cuales se encuentran cuatro generales.

También dispuso pasar a disponibilidad a 23 oficiales del Ejército, entre ellos dos generales y cinco coroneles.

El Ministerio de Defensa hizo este mes una ampliación de la denuncia, con lo cual el total de involucrados pasó a ser 44 militares y 90 civiles proveedores del Ejército.

Los imputados son investigados por los delitos de presunta asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude a la administración pública y cohecho, entre otros.

La presunta estafa al Estado en adquisiciones de bienes y servicios durante 2007 superarían los 70 millones de pesos.

Un comunicado oficial del Ejército dijo anoche que «en todos los casos se prestó el máximo de colaboración por parte del personal militar, en cumplimiento a los requerimientos emanados de la Justicia».