Amenazó Cristina: "Que alguien vaya preso"

Cristina Fernández de Kirchner pidió ayer que « alguien vaya preso» por el escándalo de los presuntos sobornos «porque -bramó en el recinto del Senado- eso es lo que está reclamando la gente, que esta vez, por favor, alguien termine preso por los delitos que se denuncian».

A viva voz, la primera dama, que estrenó en el Senado un look capilar con extensiones, apuntó que « debemos garantizar que los jueces van a tener que ir a fondo, para eso están los representantes de la Cámara ante el Consejo de la Magistratura», concluyó en lo que pareció una advertencia a Rodolfo Canicoba Corral. En el Consejo, encargado de designar y remover magistrados, hay 2 senadores del PJ que se reportan al kirchnerismo, el riojano Jorge Yoma y el rionegrino Miguel Angel Pichetto, más el radical Carlos Prades y el renovador salteño Ricardo Gómez Diez.

Para poner sobre aviso a los consejeros, memoró que Gabriel Cavallo, quien tomó la causa de las supuestas coimas tras la renuncia de Carlos Liporaci, fue «ascendido a camarista, gracias a que no investigó, por los mismos senadores sospechados». «Los consejeros deben garantizar que no habrá premios para ningún juez que no cumpla con su función», advirtió la santacruceña en una encendida arenga.

Su comprovinciano de la UCR, Prades, había señalado en otra vibrante pieza su preocupación «porque el supuesto arrepentido fue a verlo al intendente (sic) y al jefe de Gabinete del gobierno nacional, cuando debió haber concurrido a denunciar el ilícito, de manera silenciosa, directamente al juez de la causa», en referencia a las entrevistas de Mario Tato Pontaquarto con Aníbal Ibarra y Alberto Fernández.

«¡Que esto no se transforme -alertó Prades-en otra cosa que nos distraiga de cuestiones más urgentes!». Asimismo, avisó que «no quisiera pensar que este ataque (sic), porque la gente no distingue entre el viejo y el nuevo Senado, busque cerrar las puertas de este organismo-federal, que es el cuerpo donde las provincias están representadas de manera igualitaria».

Con amplio espectro, sostuvo el radical de Santa Cruz que «esperemos que este presunto ilícito no se convierta en la victoria de unos pícaros», de los cuales excluyó expresamente a Antonio Cafiero, principal impulsor de las sospechas de coimas por la reforma laboral.

Cafiero reivindicó su denuncia de 2000 sobre el pago de la ley Flamarique y aprovechó que no había sobrevivientes de aquella polémica (el correntino Angel Pardo finalizó su mandato hace una semana) en la sesión para ponerse a la altura de Domingo Sarmiento, Lisandro de la Torre o Carlos Pellegrini.

Cargó contra Carlos Chacho Alvarez y acusó a las «autoridades del cuerpo que, en su momento, fueron flojas y remisas a investigar a fondo». «Muchos querían matar al mensajero y no saber la verdad», agregó. «Siento la vergüenza colectiva», se autoflageló en público con su lengua.