Anoche, los diputados aprobaron en general, con 147 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, la polémica ley que propone la gratuidad de la ligadura de las trompas de Falopio y la vasectomía.
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El oficialismo debió negociar el contenido de la ley que ayer forzaba a un extenso debate desde las 6 de la tarde. La norma se encaminaba a ser aprobada en la Cámara de Diputados. Se trata del proyecto que establece la gratuidad para la realización de ligaduras de trompas en las mujeres y vasectomías en los hombres, métodos anticonceptivos que podrían realizarse sin autorización judicial ni prescripción médica previa.
Desde que el kirchnerismo consagró una abrumadora mayoría legislativa en las elecciones de octubre, el Frente para la Victoria se mostró siempre todopoderoso para aprobar cuanta iniciativa legislativa tuviera en agenda. Pero la religiosidad y los principios morales de quienes eran hasta ahora sus aliados incondicionales, el Peronismo Federal de José María Díaz Bancalari, obligó al oficialismo a modificar ciertos artículos. La vertiente peronista encarnada en el Frente para la Victoria se presenta así aislada por primera vez de sus tradicionales aliados, ya que tampoco el Justicialismo Nacional de Jorge Sarghini apoyaba esta iniciativa.
Los puntos en los que el oficialismo debió ceder fueron, entre los más importantes,excluir a los menores de la aplicación de esta ley y admitir el derecho de objeción de conciencia de los hospitales, siempre que éstos deriven al paciente a otro establecimiento donde se le pueda practicar la intervención.
Rechazo
La ligadura de las trompas de Falopio y la vasectomía son dos operaciones que generan, además, el rechazo de la Iglesia Católica.
Sin embargo, ni siquiera la reunión que varios legisladores kirchneristas mantuvieron, el martes por la tarde, en el Arzobispado de Buenos Aires a cargo de Jorge Bergoglio, pudo torcer su decisión.
Hasta ahora, las provincias que han legislado sobre este asunto son Mendoza, Chaco, Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Buenos Aires y Tierra del Fuego, mientras que en Corrientes la iniciativa tiene media-sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto que se debatió ayer establece que las intervenciones «deben ser realizadas sin cargo para quien lo requiera en los establecimientos del sistema público de salud» y establece que las obras sociales y de medicina prepaga « tienen las obligación de incorporar estas intervenciones médicas a su cobertura».
El tema dividió a todos los bloques y hasta mermó la presencia de legisladores kirchneristas. En la UCR, Pedro Azcoitti, médico cirujano de profesión, explicó que no hubo un debate suficiente y que se debería haber consultado a la Academia Nacional de Medicina. En el PRO, Paula Bertol fue una de las más fervientes detractoras de la iniciativa, y en el Frente para la Victoria, el formoseño Rodolfo Roquel también priorizó sus convicciones religiosas ante la disciplina partidaria.
El más sorprendente caso de divergencia de opiniones se dio en el bloque del ARI. Al discurso de la diputada Marcela Rodríguez defendiendo la iniciativa -postura que acompañó la mayoría de sus colegas de bancada- le siguió la réplica de Elisa Carrió, rechazando el proyecto: «Cuando el requerimiento de esta técnica esté fundado en un mero deseo o goce sin circunstancias mínimamente objetivas que demuestren una necesidad, el Estado no debe prestar el servicio ni garantizar su reversión y el derecho, es decir la ley, no debe promover su utilización».
Libertad
A través de un documento, la diputada arista agregó: «No es, en consecuencia, que estemos en desacuerdo por una cuestión religiosa (...) es sólo que creemos que el derecho como norma y parte inescindible de la cultura debe tender a promover, en todo momento, que la libertad sea posible y la libertad no es más que el desafío de volver a comenzar todos los días».
El proyecto fue elaborado sobre la base de una serie de iniciativas presentadas por las diputadas Juliana Marino y Graciela Gutiérrez (Frente para la Victoria-PJ); María del Carmen Rico ( Peronismo Federal); Marcela Rodríguez (ARI); Irene Bosch de Sartori y la ex diputada del socialismo, María Elena Barbagelata.
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