La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprobó el nuevo reglamento para la presentación de las declaraciones juradas de los fiscales "como parte de la política de transparencia del ministerio público fiscal" que "prevé incorporar más información y garantizar un acceso democrático y plural", indicaron esta mañana fuentes judiciales.
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La medida se "adecua a lo dispuesto por la ley 26.857 sobre el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios, que fuera sancionada por el Congreso nacional el pasado 8 de mayo, sin perjuicio de las modificaciones que deban realizarse en el futuro cuando el Ejecutivo reglamente otros aspectos de la ley".
"De esta manera, el Ministerio Público se convierte en el primer organismo que ajusta sus prácticas a lo dispuesto por la nueva normativa y avanza en un reglamento destinado a lograr que la información recabada sea mucho más amplia y se encuentre accesible de manera sencilla para la ciudadanía", dijeron las fuentes.
En esa línea recordaron que "el Plan de Transparencia Institucional, presentado por Gils Carbó hace dos meses, contemplaba la adopción de diversas medidas para fortalecer el acceso a la información pública".
En ese sentido, Gils Carbo planteó como "uno de sus objetivos específicos garantizar la publicidad de las declaraciones juradas" que tuviesen "carácter público, de libre acceso y de consulta gratuita a través de los medios tecnológicos adecuados de las declaraciones juradas patrimoniales de quienes ejercen la magistratura o se desempeñan como funcionarios" en su ámbito.
El nuevo régimen funcionará a partir de tres formularios de los cuales el primero es público y reseña, entre otras cosas, la información que según prevé la ley debe difundir la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El segundo incluye una síntesis de esos datos que coincide con lo requerido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y el tercer formulario es de carácter reservado y contiene la totalidad de los datos personales y patrimoniales requeridos, que para la ley 26.857 se encuentran exentos de publicidad.
La resolución aprobada por Gils Carbó prescribe que las declaraciones deberán presentarse hasta el próximo 15 de agosto y los "magistrados y funcionarios obligados contarán con un instructivo y con la asistencia necesaria para completar los datos requeridos".
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