El Senado sesiona este jueves con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como plato fuerte y el oficialismo se ilusiona con anotarse un nuevo triunfo parlamentario. Todo esto pese a que el texto genera resistencia dentro y fuera del Congreso, incluso cuando ya sufrió varias modificaciones respecto de la redacción original (circularon 13 borradores), por pedido de los bloques aliados a La Libertad Avanza y de la sociedad civil. Las miradas están puestas, sobre todo, en los cambios a la ley de Tierras Rurales sancionada en el año 2011. ¿Qué dice la normativa actual y qué propone el oficialismo?
El oficialismo se encamina a modificar la ley de Tierras: ¿qué dice el proyecto libertario?
La Cámara alta sesiona este jueves -tras semanas de parálisis por el caso Adorni- y La Libertad Avanza apunta a aprobar y girar a Diputados la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Los cambios a la normativa que establece límites a la venta de tierras en manos de extranjeros genera fuerte resistencia. Aún cuando la versión final contempla excepciones.
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Tras semanas de negociaciones, Bullrich busca darle media sanción al proyecto libertario.
El 20 de mayo, la Cámara que conduce Victoria Villarruel dictaminó en comisión el proyecto que tiene como principal impulsor al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. A grandes rasgos, el texto contempla modificaciones a normativas vigentes, como la Ley de manejo del fuego, la Ley de expropiaciones, la Ley de barrios populares y la Ley de tierras rurales.
Más allá de que el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría en aquella instancia, lo cierto es que la letra chica del proyecto generaba fuertes reparos, incluso por parte de los principales aliados al gobierno de Javier Milei: el PRO y la UCR. Así como también entre los senadores que representan a diferentes fuerzas provinciales.
Tal es así que desde aquel 20 de mayo hasta la fecha, circularon un total de 13 versiones del dictamen, con modificaciones hechas a propuesta de los aliados. A horas de la puesta en marcha de la sesión, el oficialismo asegura que la número 13 es la versión final. Y que cuenta con los votos para su aprobación en el recinto.
Así y todo, diferentes partidos de la oposición -pero también representantes de la sociedad civil- alertan sobre las implicancias que traería aparejada los cambios en la ley, con el foco puesto en la defensa del interés nacional a la cabeza. El principal detractor de los cambios a la ley es el PJ. Sobre todo porque se trata de una ley impulsada en el año 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Qué dice la ley de Tierras
En concreto, la ley sancionada en 2011 limita la propiedad de la tierra en manos de extranjeros, a fin de preservar la soberanía sobre los recursos naturales. Para eso, establece que las personas o empresas extranjeras no pueden ser dueñas de más del 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Al mismo tiempo, la ley pone límite por nacionalidad. Especifica que, de ese 15% global, las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% (es decir, el 4,5% del total de un territorio).
Asimismo, la normativa indica que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1000 hectáreas en la "zona núcleo" o su equivalente en otras regiones.
Y, por último, la ley prohíbe la venta a extranjeros de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes y de importancia (ríos, lagos, glaciares) o que se encuentren en zonas de seguridad de frontera.
Qué propone La Libertad Avanza
El objetivo de la ley que busca aprobar el Gobierno, tal cual indicó el vocero presidencial Adrián Ravier en su conferencia de prensa de este martes, “es afianzar lo establecido en la Constitución Nacional de la República Argentina, estableciendo la propiedad como un derecho inalienable, pero que tras un siglo de inseguridad jurídica, ahuyentó la inversión y, con ella, las oportunidades de crecimiento y empleo que otros países sí aprovecharon”.
A propósito de los cambios a la Ley de tierras rurales, Ravier remarcó que lo que se busca es “levantar las restricciones generales a la adquisición de tierras rurales por extranjeros”. Y añadió: “Argentina se hizo grande en parte gracias a quienes llegaron desde otros países, invirtieron, produjeron y se hicieron propietarios. No tiene sentido seguir cerrándoles la puerta". Y remató: "La Ley diferencia entre inversores privados y Estados extranjeros, proponiendo endurecer los controles de los segundos, sus empresas y las sociedades que controla”.
Más allá del espíritu de la ley, que en buena medida era acompañada por los aliados al Gobierno, los reparos estuvieron puestos en la letra chica del texto. En especial, cuando este alude a la venta de tierras a otros Estados, así como también a empresas estatales extranjeras o incluso cuando se trata de tierras ubicadas en zonas fronterizas.
Las alarmas se encendieron al notar que la redacción original del proyecto, si bien el texto prohibe la titularidad de dominio o posesión de tierras a entes gubernamentales extranjeros, se agregaba la siguiente aclaración: “Excepcionalmente, podrán ser titulares de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional en los casos en los que la operación no constituya un riesgo para la seguridad, la defensa y la soberanía nacional”.
Esta “excepcionalidad” quedaba en manos del organismo de aplicación. Y plantearon que, de mínima, esa excepcionalidad debía contar con la venia del Congreso.
Ley de Tierras: versión final
13 borradores después, finalmente el texto habría adquirido una redacción que dejó conformes a los aliados. ¿Qué dice el texto? Por un lado, el borrador al que tuvo acceso Ámbito explicita que “las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales” son dos. Por un lado, “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”.
Por otro, el texto alude a “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten”.
Ahora bien, en este último ítem, el texto hace la siguiente aclaración: “Salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. Asimismo, el texto especifica que esta última restricción “se regirá por el régimen de silencio administrativo” contemplado en el artículo 10 de la Ley Nº 19.549.
Allí se establece que el silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como positivas. En otras palabras, si no hay un pronunciamiento a nivel provincial ni nacional, se considera que la autorización fue concebida.
Más adelante, el borrador contempla que para la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros también se requerirá de la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. En estos casos, también regirá el silencio administrativo.
Con estos cambios, que tendrían el visto bueno de los aliados al gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich se prepara para anotarse un triunfo en el Senado tras la parálisis que se registró en la Cámara alta en las últimas semanas, y no solo por el escándalo Manuel Adorni, sino por las largas negociaciones que se desplegaron en torno al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
