La Justicia declaró ayer la nulidad del procesamiento de Carlos Menem en la causa que investiga la explosión de una fábrica militar en Río Tercero en 1995, al considerar que el juez no contó con un requerimiento del fiscal para citar al ex presidente a prestar declaración indagatoria. Es decir, por una cuestión de procedimiento.
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La Cámara Federal de Córdoba anuló por unanimidad la citación a indagatoria realizada al ex mandatario. Esta decisión implicó que Menem dejará de estar procesado por presunta coautoría de « estrago doloso agravado por la muerte de personas», como había resuelto el juez Oscar Valentinuzzi en agosto pasado, al considerar que el ex presidente habría estado vinculado con la explosión que generó siete muertos y 300 heridos.
La resolución de los jueces Luis Roberto-Rueda, María Alba Iriarte de Lofiego e Ignacio María Vélez Funes hizo lugar a la demanda de la defensa de Menem, a cargo de Carlos Hairabedian y José Miguel D'Antona. El reclamo de nulidad se basó en el argumento de que Valentinuzzi no había corrido vista al entonces fiscal Carlos Stornelli (ahora ministro de Seguridad bonaerense) por la citación, quien sólo se remitió a señalar que no encontraba objeción al pedido del juez.
La Cámara aceptó este argumento y consideró que el Ministerio Público nunca había hecho suyo el requerimiento de citación a indagatoria de la querella en contra de Menem. Según los jueces, quien formula la pretensión en contra del imputado tiene que ser de un órgano distinto del que debe aceptar o rehusar esa pretensión. En este sentido, para la Cámara, el magistrado se había convertido en «acusador».
En agosto pasado, Valentinuzzi había señalado al dictar los procesamientos que «sin duda alguna, el grave suceso acaecido hubo de poner en movimiento la intrincada maquinaria estatal» y había apuntado al ex presidente, y entonces comandanteen jefe de las Fuerzas Armadas, como el supuesto máximo responsable de la explosión. El juez había embargado los bienes de Menem por 200.000 pesos, y procesado a cinco directivos de Fabricaciones Militares, a quienes acusa de hacer estallar la fábrica. Estos procesamientos fueron confirmados por la Cámara.
El Tribunal también declaró nula la indagatoria de Heriberto Baeza González, entonces secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, por no haber tampoco mediado dictamen fiscal para que fuera llamado. Además, los jueces confirmaron la falta de mérito del ex jefe del Ejército Martín Balza, otro de los presuntos involucrados en el caso. Sin embargo, rechazaron un pedido de la defensa de Menem para decretar la nulidad del caso en su contra.
La explosión de la empresa estatal Fabricaciones Militares, administrada por el Ejército, fue el 3 de noviembre de 1995 y provocó al menos siete muertos y 300 heridos. Además, obligó a evacuar unas 19.000 personas y provocó pérdidas que se calcularon en unos 25 millones de dólares. Aún sigue habiendo demandas judiciales de indemnización a los damnificados.
La Justicia investiga si habría sido una maniobra para ocultar el presunto envío de armamento por parte de la Argentina a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, causa en la que Menem también figura como acusado por el presunto delito de «contrabando agravado».
En 2001, Menem estuvo seis meses detenido acusado de ser el supuesto jefe de una asociación ilícita para el contrabando de armamento a Ecuador y Croacia, pero fue liberado por la Corte Suprema, en medio de una polémica por las supuestas vinculaciones y presiones que el ex mandatario habría ejercido sobre algunos miembros del tribunal. Hoy, Menem no puede ser arrestado, en caso de ser encontrado culpable, debido a que ocupa una banca como senador nacional.
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