El Gobierno nacional redujo el monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional redujo el monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este lunes en el Boletín Oficial.
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A través del DNU 669/2019 el Poder Ejecutivo estableció, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones, la aplicación del siguiente criterio:
El Gobierno justificó esta medida al recordar que el año pasado se dictó una resolución que impulsó el pago de indemnizaciones por parte de las ART, permitiendo que estas utilicen reservas técnicas para la celebración de acuerdos conciliatorios.
El vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, dijo que la iniciativa "tiene que ver con una situación delicada que hemos escuchado en las pymes" y aseguró que espera "mitigar el impacto de los costos".
"Se elevó el monto mínimo de reserva por juicio, fijando una actualización periódica para que el transcurso del tiempo no afecte la relación entre ese pasivo constituido y la realidad económica imperante a lo largo del tiempo", puntualizó el Poder Ejecutivo.
Y añadió que por "la manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores".
"Actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al 90%", señaló el DNU
En ese sentido, el texto oficial indicó que "el ajuste de las obligaciones de las Aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma".
Por ese motivo, la Casa Rosada resaltó que "ante los recientes acontecimientos económico-financieros que son de público conocimiento, es indispensable adoptar medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo".
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