La ministra de Defensa, Nilda Garré, presidió la ceremonia de asunción del nuevo jefe del Ejército argentino, general Luis Pozzi. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Jorge Chevalier, el jefe naval Jorge Godoy, el de la Fuerza Aérea, Normando Costantino, y altas autoridades del ministerio. Mientras se daba lectura a la fórmula de jura de Pozzi al frente del Ejército, en despachos del ministerio repasaban una y otra vez el contenido de dos denuncias que fueron radicadas contra el flamante jefe militar: una en el juzgado federal de Claudio Bonadío, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, y otra por presunto contrabando ante el tribunal penal económico del juez Daniel Ledesma, el mismo que investiga el arribo de 800 mil dólares en la valija que portaba el venezolano Guido Antonini Wilson. El representante de una empresa china impulsó las dos denuncias, que incluyen acusaciones de tráfico de influencias para favorecer a determinados proveedores en perjuicio de otros, haber gestionado órdenes de pago por materiales que no constarían en los inventarios castrenses, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no investigar denuncias recibidas y hasta la presunta apropiación indebida de vehículos: un camión 4x4 que fue ingresado a dominio del Ejército cuando era un «modelo» de la fábrica para pruebas técnicas. Al tiempo de estos hechos, Pozzi era el segundo del general Roberto Bendini, quien a su vez pidió el pase a retiro tras ser procesado por presunto peculado en Santa Cruz. La presentación en la Justicia activó al sabueso Jorge Argüello, el auditor interno del ministerio, quien pasará el peine fino a cada uno de los rubros que figuran en el texto de la denuncia contra Pozzi.
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