Con un proyecto de ley, que Mauricio Macri quiere que le aprueben la semana próxima, el Gobierno porteño intentará recuperar $ 100 millones de deuda de obras sociales y servicios de medicina prepaga con los hospitales del distrito. La iniciativa impone un mecanismo que le aseguraría rapidez en el cobro de esas prestaciones y que obligará a las prepagas y los servicios sindicales -también al PAMI- a cancelar las facturas del Gobierno porteño en un mes.
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El área de Salud es una de las más polémicas en el gobierno macrista, que ha cambiado el sistema de compras de insumos, centralizándolo en el Ministerio de Hacienda con la idea de un ahorro en esos gastos. La nueva mecánica ya le ha disparado críticas y paro de actividades en los hospitales (ver nota aparte). Ahora el Gobierno de la Ciudad quiere que los centros de salud sean más efectivos a la hora de facturarles servicios a las obras sociales cuando sus afiliados optan por la asistencia pública.
El mecanismo existe en la actualidad, pero según el proyecto enviado por el jefe de Gobierno a la Legislatura, es engorroso y no llega a recuperar el costo de las prestaciones. En los últimos diez años se han acumulado esos $ 100 millones, a pesar de reclamos que hasta llegan a la Justicia. Es por la atención, generalmente en guardias, a afiliados de obras sociales sindicales o socios de servicios prepagos, que ante la urgencia concurren al hospital público, aunque en ocasiones alguna prestadora gremial puede derivar a sus afiliados para una atención específica para la cual no cuenta con servicio propio.
«Se hace menester establecer procedimientos especiales de recupero y ejecución en tiempo y forma oportunos, modernizando la operatoria y contemplando la existencia de nuevos actores -aseguradoras de riesgos del trabajo, compañías de seguros, obras sociales provinciales,mutuales que brindan servicios de salud, etc.-», fundamenta el Gobierno porteño la nueva ley.
De ese modo busca que sea Hacienda la que pueda tramitar «un reclamo único de los saldos detectados de los treinta y tres efectores de la Ciudad», es decir, los hospitales públicos del distrito. Tratan así de unificar todas las facturas adeudadas por prepagas u obras sociales para tramitar el cobro « impulsado por la autoridad administrativa, consistente en la intimación y emplazamiento del pago de aquellas facturas que estén en condiciones de ser reclamadas».
Una auditoría del área de salud da cuenta de la existencia de una deuda acumulada de más de 100 millones de pesos desde 1998 hasta la actualidad.
El proyecto de ley estableceque los hospitales deberán facturar las prestaciones que realicen a los beneficiarios de las obras sociales o prepagas por los servicios prestados a sus afiliados o socios «haya existido o no derivación, conforme al arancelamiento establecido en el nomenclador» que se utiliza. Los hospitales, luego, harán el seguimiento y cobro de las facturas, que según se establecerá si la ley es sancionada, los entes (sociales o privados) «deben satisfacer el pago total de lo facturado dentro de los treinta días corridos de presentada la liquidación mensual».
Pero los organismos contarán con diez días para impugnar la factura si lo consideran.
Luego el proyecto estableceque «en caso de falta de pago, transcurridos sesenta días del vencimiento del plazo correspondiente» se remite la factura y demás documentación a al Ministerio de Salud porteño, para que inicie los procedimientos de consolidación de la deuda vencida.
Un artículo aparte está dedicado en caso de que el deudor fuera el PAMI o una obra social nacional, y establece el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
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