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En cambio, Camaño anticipó que otras normas -unas 15- dictadas en ese período "no serán publicadas" porque, según dijo, "podrían afectar algún secreto de Estado", según se desprende de un informe encomendado por el titular de la Cámara baja al secretario parlamentario, Eduardo Rollano.
Entre las leyes que la Cámara de Diputados analiza publicar está incluida la norma dictada por Onganía -que habría permitido en cierta forma el pago de sobresueldos denunciados por la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, y cuyo carácter secreto ya fue declarado inconstitucional ayer por la Justicia.
Camaño destacó que la publicación de esa norma dictada el 31 de julio de 1969 "no afecta" ningún secreto de Estado y no habría inconvenientes en que fuese dada a conocer.
Esa decisión sería formalizada en los próximos días por Camaño, quien se reunirá con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para analizar el contenido del informe solicitado por el titular de la Cámara baja la semana pasada.
El mecanismo por el cual podrían publicarse las normas secretas y reservadas, incluídas en el informe, sería a través de un proyecto -que presentará el propio Camaño- que establezca la necesidad de poner a conocimiento público esas leyes y que proponga la derogación de su carácter secreto.
Antes de ser tratada en el recinto de la Cámara baja, la iniciativa deberá ser tratada por los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que preside el justicialista salteño, Juan Manuel Urtubey.
La mayoría de esas normas dictadas hasta 1950 contemplan, por ejemplo, a cumplir con las necesidades de alguna de las fuerzas de seguridad o hacen referencia al funcionamiento de las mismas.
"Existe un total de 141 leyes secretas y reservadas dictadas entre 1891 y 1983, de las cuales unas 89 normas se encuentran en la Cámara de Diputados y el resto en el Senado y en el Poder Ejecutivo", precisó Rollano.
En ese sentido, el secretario parlamentario ratificó que desde 1983 hasta el presente no se ha dictado ninguna ley secreta y puso de relieve que el 90 por ciento de este tipo de normas que fueron dictadas desde 1891 provino de gobiernos militares y no fueron derogadas por las administraciones democráticas que se sucedieron.
El funcionario destacó que "levantar el secreto de estas leyes es legislativamente correcto y constitucionalmente posible" y sostuvo que, cuando el Congreso vote la iniciativa que propone la publicación de esas normas, "se estará confirmando la necesidad de transparentar la cosa pública".
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