Los correos electrónicos hallados en las computadoras de un exasesor de Ricardo Jaime no podrán ser usados como pruebas en las causas abiertas en su contra, confirmó ayer la Cámara Federal porteña. La resolución, acompañada por una nueva reprimenda del tribunal al juez de la causa, Norberto Oyarbide, afectará a media docena de expedientes abiertos a instancias de las informaciones contenidas en esos mails. De todos modos, los camaristas aclararon que continuará la investigación principal contra el exsecretario de Transporte, por presunto enriquecimiento ilícito.
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La Sala I de la Cámara confirmó ayer la nulidad que había resuelto Oyarbide el 22 de febrero pasado, el mismo día en que se produjo la tragedia de Once, respecto de la validez de los correos. Si bien el juez lo había dictaminado al afirmar que no había garantías de que estuviera preservada la «cadena de custodia» del material informático, los camaristas responsabilizaron al propio Oyarbide de esa irregularidad.
Los mails obtenidos de las computadoras de Manuel Vázquez, exasesor de Jaime, tuvieron un curioso derrotero en Tribunales. A fines de 2010, más de 20 mil correos electrónicos fueron secuestrados de varias PC a Vázquez. La información recogida en un peritaje de la Policía Federal impulsó al fiscal Carlos Rívolo a engrosar las acusaciones en contra de Jaime y su entorno en las causas por presuntos enriquecimiento y percepción de dádivas, y motivó la apertura de nuevos sumarios.
Pero a instancias de las impugnaciones presentadas por las defensas de los acusados, los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero se pronunciaron un año atrás en contra de la validez y le ordenaron ordenaron al juez peritar las computadoras por segunda vez, pero en ese caso por técnicos de la UBA. Sobre la base del segundo estudio, Oyarbide dictaminó en febrero la nulidad de los correos y ayer los mismos camaristas ratificaron ese criterio.
Tanto el juez de primera instancia como los camaristas coincidieron en que la pericia de la UBA estableció que el material no había sido «debidamente resguardado» y que se había «violado la cadena de custodia». Es decir, las computadoras habían sido pasibles de intrusiones durante el proceso del primer peritaje.
Pero la Sala I no sólo culpó a la Policía Federal, como había hecho Oyarbide. Alegó que el juez tuvo responsabilidad en la anulación de la prueba al eludir su obligación de notificar a las defensas del primer peritaje «y de ofrecerles, en su caso, la posibilidad de proponer peritos». «Existían dos cosas que resultaba muy sencillo hacer y que se omitieron sin una justificación válida», añadieron los camaristas en alusión a la notificación y a la «preservación adecuada de la evidencia». En esa línea, la Cámara sostuvo que el accionar de Oyarbide dificultó el derecho de defensa de los imputados.
Ante la objeción por la falta de notificación, el juez de primera instancia había argumentado que la urgencia le impuso acelerar la pericia y que el estudio tenía carácter de «reproducible». Sin embargo, las inconsistencias encontradas en el segundo estudio en comparación con el primero dieron por tierra con la posibilidad de repetirlo en iguales circunstancias.
«Las prácticas llevadas adelante por la Policía Federal sobre el material secuestrado contaminaron la evidencia, convirtiendo lo que el juez instructor había considerado una 'operación pericial extremadamente simple' y 'repetible', en una medida irreproducible», criticó la resolución.
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