Los jueces tomaron nota de las necesidades de los órganos jurisdiccionales, en especial las de contar con dotación de personal.
Acuerdo de Superintendencia para la Cámara Federal de Casación Penal
La Cámara Federal de Casación Penal, bajo la Presidencia de Mariano H. Borinsky, celebró este martes en la Sala de Acuerdos del tribunal, de manera presencial y virtual el Acuerdo de Superintendencia Nro. 7, con la participación de los magistrados de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Neuquén y de General Roca, provincia de Río Negro.
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En el acuerdo estuvieron partícipes los señores jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, los doctores Mariano H. Borinsky, Daniel A. Petrone -de forma virtual desde la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén- Diego G. Barroetaveña, Angela E. Ledesma, Carlos A. Mahiques y Gustavo M. Hornos.
En la reunión hubo un intercambio de ideas con los tribunales, con respecto a la próxima implementación del Código Procesal Penal Federal, como así también las necesidades de infraestructura, edilicias y la cobertura de las vacantes existentes en la jurisdicción. Los jueces tomaron nota de las necesidades de los órganos jurisdiccionales, en especial las de contar con dotación de personal, equipamiento tecnológico y salas de audiencias para la puesta en vigencia de la reforma procesal, y les manifestaron a los magistrados su disposición para colaborar en todos los temas abordados.
Borinsky agradeció la participación a los señores magistrados, celebró la convocatoria, les hizo saber que se encuentran trabajando en la elaboración de protocolos, reglamentos y cursos de capacitaciones para la implementación del Código Procesal Penal Federal, tal como se realizó con las jurisdicciones de Rosario y Mendoza.
En el documento firmado por el presidente de la Cámara, se detalla: ''Téngase presente y requiérase por ante las autoridades que correspondan, el incremento de la seguridad edilicia y solicítese al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la provisión e instalación de cámaras de seguridad, como así también de detectores de metales y equipos de scanner de inspección, en aras de optimizar prestación del servicio de justicia y a fin de garantizar el resguardo de las personas y de los bienes''.
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