Mientras que ningún funcionario del gobierno pudo hasta ahora dar una explicación coherente sobre cómo llegaron a la campaña de Cristina de Kirchner $ 360 mil de los fallecidos Ariel Vilán y Sebastián Forza, presuntamente relacionados con el tráfico ilegal de medicamentos, algunos militantes vip que participaron en esa recolección de fondos, sigilosamente acudieron esta semana a consultar a la jueza María Romilda Servini de Cubría. La débil estrategia del kirchnerismo es por ahora no abrir la boca y aparentemente que sólo la ministra Graciela Ocaña se refieran al tema, ya que su cartera es autora de denuncias contra las droguerías que regenteaban el asesinado Forza y Vilán (Seacamp y Unifarma). Más de 1.800 cheques sin fondos reportarían las cuentas de esas víctimas, que a pesar de la difícil situación económica que verificaban en los informes del Banco Central, pudieron donar dinero para la campaña de los Kirchner, una transacción que forma parte de las sospechas de la opositora Coalición Cívica, que solicitó una investigación judicial, sosteniendo que pudiera tratarse del encubrimiento del origen de los fondos. Todas especulaciones que ya toman un giro de novela negra, pero que comenzaron a incomodar al gobierno. Diputados de Carrió ampliaron ayer la denuncia judicial para que se investiguen las presuntas relaciones entre la ruta de los medicamentos adulterados o robados y más de $ 4 millones que distintas firmas relacionadas con la salud llevaron a la campaña presidencial: cerca de 40% de los aportes pertenece al rubro.
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La embestida judicial se realizóen el juzgado penal de Ariel Lijo, pero el kirchnerismo hizo una consulta en la Justicia electoral, donde cree que deben investigarse los aportes políticos de acuerdo con la normativa que los regula. Claro que allí les respondieron que no había denuncia alguna. «Por supuesto que si nos llaman vamos a hacer los descargos, pero cualquier investigación judicial sobre la campaña debe hacerla la Justicia electoral y no la penal», replicaron a este diario funcionarios que temen más complicaciones políticas por el caso del triple crimen.
Seguramente piensan en los interrogantes que ya hay sobre los $ 360 mil y otros $ 50 mil que donó otra droguería que está denunciada por la Anmat en relación con lotes de medicamentos adulterados o robados -en algunos casos al propio gobierno-.
Por ahora, aluden a que había, para la organización de campaña, una junta promotora del Frente para la Victoria que integraban varios funcionarios de esa alianza, al menos en lo formal (integrada entre otros por Alberto Fernández, Héctor Capaccioli, el sindicalista Víctor Santa María, Aldo San Pedro y Eduardo Sigal), que no conocería, claro, a ninguno de los representantes de las droguerías investigadas.
En tanto, la Coalición Cívica agregó ayer a la denuncia judicial los datos que surgieron a partir del aparente suicidio de Vilán, y Carrió vio la oportunidad para disparar más contra Cristina. La ex diputada dijo que en la Argentina existió «un financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas» y aseguró que quiere ir a juicio con el ex presidente Eduardo Duhalde, quien la querelló, «para demostrar que es el responsable del crecimiento del negocio de la droga en la Argentina».
En tanto, el kirchnerismo cree que la denuncia no encontrará eco en la Justicia y que de llevarse al fuero electoral, sólo podría investigarse la correcta contabilidad de los fondos.
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