Los jueces Borinsky, Mahiques y Ledesma confirmaron la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario. Los quince condenados fueron considerados responsables de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de un menor, entre otros cargos.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y la jueza Angela Ledesma, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario. La decisión implica una condena perpetua para exmiembros del Ejército y la Policía por crímenes cometidos durante la última dictadura
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Asimismo, el juez Borinsky, dejó constancia del fallecimiento del exTeniente Coronel, segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Comando del II Cuerpo de Ejército, Pascual Oscar Guerrieri, quien registraba múltiples condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y también se encontraba imputado en esta causa, por lo que el recurso interpuesto por su defensa, fue declarado inoficioso.
Los quince condenados, exmiembros del Ejército y la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, fueron considerados responsables de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y homicidios calificados, en perjuicio de cientos de víctimas.
El centro clandestino de detención escogido para su ocultamiento resultó ser el denominado “La Calamita”. El fallo reafirma la responsabilidad penal de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad.
En su voto, el juez Borinsky, destacó la importancia de garantizar una respuesta judicial efectiva frente a este tipo de delitos, que, por su carácter imprescriptible y su especial gravedad, comprometen la responsabilidad internacional del Estado y exigen una tutela judicial acorde con los estándares nacionales e internacionales. Con esta decisión, la Cámara Federal de Casación Penal reafirmó el compromiso del Poder Judicial de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad.