Las mismas serán en Comodoro Py, a cargo del juez federal Ariel Lijo. En total, son 35 los imputados que serán indagados durante las próximas semanas.
Causa Andis: comienza la nueva tanda de indagatorias con el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, a la cabeza.
En el marco de la investigación se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Esta mañana, el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo se presentó en Comodoro Py pero se negó a declarar.
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Luego, a las 11:30 será indagado quién fue el segundo en el organismo Daniel Garbellini. Ambos ya están procesados. En total son 35 indagatorias a exfuncionarios y empresarios que se llevarán a cabo hasta el 26 de mayo.
Spagnuolo se negó hoy a declarar en la nueva ronda de indagatorias ordenadas en la causa en la que se investigan maniobras de corrupción en el organismo. El extitular de ANDIS fue citado para ampliar su indagatoria ya que en el marco de la investigación se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en el organismo estatal de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo.
El exfuncionario debía hacer su descargo ante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, pero hizo uso de su derecho de negarse a declarar. Tras la audiencia, se retiró de los tribunales de Comodoro Py sin responder a los periodistas.
Esas maniobras implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial.
Conforme pudo acreditar el fiscal Picardi, estos actos de corrupción se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios públicos de la ANDIS direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole.
Hasta el momento, los nuevos hallazgos demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público, por Spagnuolo y Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Los hechos descubiertos por la fiscalía ponen de manifiesto la relevancia pública del caso ANDIS: los insumos que se comercializaron de manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud.
Se trata, así, de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas, sillas de ruedas motorizadas, entre otros.
Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas.
El Programa Incluir Salud, que depende de la ANDIS, fue creado para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a esta población especialmente vulnerable.
Sin embargo, conforme fue identificado por el fiscal Picardi, en vez de cumplir con sus objetivos institucionales, los jefes de la organización criminal montaron allí un servicio ilícito de pagos permanentes para un determinado grupo empresarial, en perjuicio de las arcas del Estado y de la población destinataria de las políticas públicas de ANDIS.
Este servicio ilícito implicó, además, discrecionalidad en la autorización para comercializar con ANDIS; la remisión de información privilegiada para facilitar las adjudicaciones de compras y la coordinación de la cartelización empresarial; y la participación directa de empresarios en las decisiones institucionales.
Por ejemplo, en la contratación del personal; en la concreción de determinadas compulsas de precios; y, en la determinación de las empresas que resultarían adjudicatarias de dichas compulsas de precios.
La investigación que lleva ocho meses, ha dejado en descubierto que la ANDIS funcionó como una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal.
El caso expone una enorme trama de corrupción que, en la actualidad, cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 personas sobre las cuales la Fiscalía, en esta oportunidad, solicita su llamado a indagatoria.
El fiscal Picardi continúa con la investigación de los hechos bajo la sospecha de la posible participación de otras personas físicas y jurídicas, sobre las cuales restan profundizaciones. Asimismo, forma parte de la investigación, el conocimiento acerca del circuito del dinero involucrado, en función de indicios que darían cuenta de posibles maniobras de lavado.
En función de la complejidad del caso, la fiscalía cuenta con la colaboración destacada de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).
Para el fiscal, la ANDIS fue puesta al servicio de empresarios, jugando con la salud de la población más vulnerable. Todo a cambio de la repartija de millones y millones de pesos.
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