Domingo Cavallo hizo un aporte efectivo al politizado debate de los pagos a funcionarios con cargo a partidas de fondos reservados o fuera de planilla al calificarlos -al menos en cuanto a los que se hicieron cuando él era ministro de Economía- de «reintegro de gastos protocolares». En la nota que publicó ayer en su página personal en Internet, el ex ministro recordó cómo se había decidido bajo la presidencia de Carlos Menem pagar esa compensación a determinados funcionarios. También que él abogó porque esos pagos se publicitasen, algo que no fue compartido por el ex presidente, que ordenó que fueran secretos entre 1991 y 1994. Para dar transparencia a esas compensaciones, Cavallo recuerda que propuso con éxito que los funcionarios pagasen los impuestos a los ingresos personales que les correspondían por esos reintegros. El y otros funcionarios lo hicieron y él mismo, cuando le fueron objetados en un juicio, fue sobreseído por la Justicia. El aporte del escrito de Cavallo, además de ser el testimonio de un protagonista central de ese debate, es que señala la manipulación que se hace de la cuestión desde dos ángulos: primero el de quienes se enriquecieron de forma ilícita y echan mano de esos pagos para justificar dineros de los que no pueden dar razón; segundo, del gobierno que busca señalar en el debate a sus adversarios. Por el interés que tiene ese escrito del ex ministro, hoy profesor en la Universidad de Harvard, damos sus párrafos principales.
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• El argumento defensivo que se pretende validar es simple: cuando ante una denuncia de enriquecimiento ilícito, el acusado no pueda explicar un aumento sustancial de su patrimonio, Informate más
• Los funcionarios interesados en enriquecerse a través de la función pública tienen gran interés en que la Justicia acepte este argumento. Quedaría impune para siempre cualquier delito de enriquecimiento ilícito.
• La confusión se siembra argumentando que yo, como ministro de Economía, informé al gabinete nacional en 1992 que los funcionarios debían declarar los «sobresueldos» a la Dirección General Impositiva. De esta forma se pretende legalizar los «sobresueldos
• Para comenzar a despejar la confusión y para que los delincuentes no se salgan con la suya, debo aclarar desde el vamos que
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