Que mientras volvió a complicarse el tema con los mapuches y la usurpación de tierras en el sur (otra vez una intrusión en campos ovejeros de Benetton), lo que vuelve a poner sobre el tapete el asunto de la seguridad jurídica y la propiedad privada, en otras partes del país distintos grupos de productores volvieron a las asambleas y hasta las movilizaciones (como el tractorazo del viernes en Rosario que volvió a terminar en el Monumento a la Bandera) para manifestar el malestar por el incremento de los impuestos a la exportación (retenciones), y también por la subas de otros gravámenes nacionales y provinciales, como el caso de la propuesta del gobernador Axel Kicillof en Buenos Aires.
Solo algunas lluvias caídas en las partes más críticas por la seca en la parte central del país, descomprimieron un poco los ánimos que, se espera permitan llegar al 2020 sin productores en las rutas, aunque nadie se anima a asegurar que puede pasar después. Lo concreto es que las entidades nacionales del campo terminaron no suscribiendo aún la carta de intención del nuevo Pacto Social, aunque el Gobierno habría dicho que la cooperativista Coninagro que preside el mendocino Carlos Ianizzotto y le Federación Agraria de Carlos Achetoni habían suscripto el “paper”, lo que mereció una inmediata desmentida de ambos. Los observadores no atinaban a justificar semejante error.
Algo más de distensión se vivía en los alrededores de La Rural, aunque no porque hubiera llegado alguna de las respuestas que esperan del Gobierno, sino por la extinción de la causa penal que pesaba sobre el presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo por la intervención en la venta del precio palermitano que históricamente ocupó la entidad.
La investigación penal llevaba más de 19 años mientras que los hechos que le dieron lugar ocurrieron hace 28. El fallo que puso fin a la causa y declaró la extinción de la acción penal sobre los funcionarios, también dio por extinguida la apelación de la fiscal, y la improcedencia del nuevo pedido de restitución del inmueble al Estado ya que la operación había sido “ legítima”, y se pagó un precio acorde a las restricciones de uso impuestas en la operación.
