Concluyó segundo día de debate en el Senado por estatización de las AFJP

Los representantes de las AFJP hicieron hoy en el Senado un último intento de frenar el proyecto oficial para eliminar las jubilaciones privadas, al asegurar que los aportantes al sistema cobrarán mejores haberes que los que abonará el Estado, y denunciado que con la estatización se afectan los derechos "de millones de personas".

El presidente de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, afirmó que con el fin de las jubilaciones privadas se vulneran "los intereses de millones de personas que hace menos de un año optaron por el sistema de capitalización".

Palla aseguró que el de las AFJP es "un sistema sólido, transparente y perfectible, donde el Estado tiene una presencia fuerte y necesaria como regulador y supervisor a través de la Superintendencia de AFJP, de la Comisión de Valores y del Banco Central".

"La plata esta ahí, en activos a la vista, son más de 86 mil millones de pesos que pertenecen a 9,5 millones de aportantes", puntualizó el directivo al hablar ante un plenario de comisiones del Senado.

Agregó que en Diputados "el debate se agotó antes de empezarlo, estuvo ausente el análisis y en cambio estuvieron presentes los mitos que simplifican las cuestiones y crean ángeles y demonios".

Dijo que en ese marco "se demonizó el sistema de capitalización y las AFJP", y expresó su esperanza de que en el Senado haya un debate mas amplio.

"No vinimos a defender a las AFJP sino los intereses de millones de personas que hace menos de un año optaron por el sistema privado", ya que "el 80 por ciento decidió permanecer en el sistema de capitalización", agregó.

El jefe de la bancada radical, Ernesto Sanz, consultó a los representantes de las AFJP sobre el valor de la cartera de inversiones y sobre su valor de mercado.

La respuesta fue que al 15 de octubre los títulos y acciones en poder de las administradoras ascendía a 86 mil millones, pero dijeron que no se debía tomar el precio de mercado actual, por la crisis financiera global han sufrido una pérdida importante de cotización.

Aclararon que "si son activos financieros de calidad se recuperan con el tiempo", y recordó que "no hubo prácticamente impacto en la crisis de 2001".

En lo que respecta a la tenencia de acciones, el directivo Fernando Graso Payá aclaró que ninguna administradora puede tener por ley más del 5 por ciento de una empresa, pero que al unificarse todas las tenencias de las AFJP en la ANSeS, este organismo podría acumular porcentajes mucho más altos.

Las AFJP salieron además al cruce de los detractores de la jubilación privada sostienen que quienes se jubilan por ese sistema cobrarán menos que si estuvieran en el sistema de reparto estatal.

Al respecto, Pallá afirmó que "en la mayoría de las proyecciones el sistema de capitalización da mejores jubilaciones".

Luego de los directivos de las AFJP expuso ante el plenario el especialista Guillermo Jáuregui, quien criticó duramente el sistema privado, al sostener que fue producto de "un fundamentalismo de mercado" vigente la década pasada.

Agregó que el FMI y el Banco Mundial "elaboraron una nueva ortodoxia previsional, con el argumento de que había una quiebra del régimen de reparto, y reivindicaba el interés individual del trabajador".

Jáuregui dijo que "ampliar la cobertura es esencial para que un sistema previsional sea considerado exitoso", y consideró que las AFJP no lo lograron.

Explicó que cuando comenzó el sistema de capitalización se pasó de dos millones de aportantes a los actuales 3,7 millones, cuando hay en el sistema 9,5 millones de afiliados, y que esto pone de manifiesto que las AFJP no persiguen a los que no aportan.

Jáuregui aseguró que "por el Estado los jubilados pueden cobrar entre el 50 y el 100 por ciento más que por las AFJP", y enfatizó que quienes se jubilen próximamente "no van a sufrir un gran daño sino un gran beneficio".

El plenario de comisiones volverá a sesionar mañana a partir de las 10, cuando reciba al Ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino; al Ombudsman nacional, Eduardo Mondino, y a los economistas Javier González Fraga, Aldo Ferrer y Oscar Cetrángolo.

A su término el oficialismo firmará el dictamen de mayoría, para habilitar el tratamiento en el recinto para el 20 de noviembre próximo.