El Gobierno dio una vuelta más en la calesita relacionada con las sesiones extraordinarias y agregó en el temario la polémica ley de góndolas. Sin embargo, se olvidó de las iniciativas para debatir sobre jubilaciones de magistrados y servicio exterior, así como también de la urticante propuesta para regular alquileres.
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Desde Casa Rosada se aprovechó la oportunidad para que se retiren “los mensajes mediante los cuales se solicitó acuerdo para la designación de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación” que quedaron colgados tras propuestas del macrismo.
También, los vinculados al acuerdo para la designación de “los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia”, de la “promoción de funcionarios y funcionarias del Servicio Exterior de la Nación, y del personal superior de las Fuerzas Armadas”. El kirchnerismo sí solicita votar rápido a sus embajadores.
El tema fue activado por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió -luego se subió a ese carro la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para el tramo local-, y la entonces oposición aprovechó un desliz del macrismo para alzarse con un dictamen de mayoría -ya se votó en el recinto de Diputados, por lo que resta la sanción en el Senado- que celebra, entre otros, el mandamás de los piqueteros papales y simpatizante cristinista, Juan Grabois.
La iniciativa establece que la exhibición de un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características y diferente marca. Además se tendrá que garantizar un 25% del espacio disponible para productos de similares características y diferente marca, para la exhibición de productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de “Mi PYMES” y/o en el ReNAF; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular.
Por otra parte, los productos de menor precio -conforme la unidad de medida- se encontrarán a una altura equidistante entre el primer y último estante de las góndolas. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que las ofertas de menor precio -conforme la unidad de medida- se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.
En cuanto a islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas, habrá que facilitar productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de “Mi PYMES” y/o en el ReNAF, o los que en el futuro los reemplacen, en un 50%. En el dictamen opositor también se proponen controles estrictos para no demorar el pago a proveedores -60 días- y un código de buenas prácticas para la distribución mayorista y minorista.
El Gobierno también incluyó en el nuevo temario la ley de “Capitales Alternas” -traslado del Gobierno por todo el país-, y una iniciativa que modifica el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. La última propuesta intentará compensar el delirante sablazo que hizo el Ejecutivo sobre un a ley sancionada meses atrás.
Desde Casa Rosada se lanzó hacia el Senado la discusión para votar a Marisa Graham como Defensora del Niño. Diputados ya dio su guiño en una sesión descontrolada y a mitad del año pasado, con picardías varias para evitar que expusieran quienes se oponían a la candidata -pasó todos los exámenes de una comisión bicameral-, quien deslizó en su momento una postura a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
En el Senado hay un ambiente más hostil que en la Cámara baja y la sola mención de su nombre provoca enojos en “celestes” dispuestos a dinamitar una eventual votación de un cargo que, de manera insólita, está vacante desde hace más de 13 años. Será interesante ver a los oficialistas que no comulgan con la interrupción voluntaria del embarazo, ante una orden del Ejecutivo enrolado ahora en el Frente de Todos.
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