Corren ya los 90 días aún sin comisión de expertos

Mauricio Macri anunció ayer en el Congreso la presentación de un proyecto de ley que fomenta la generación de empleo para mayores de 45 años.

Colonia- Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez tenían pensado sellar hoy en el departamento de Colonia la primera alternativa de solución al conflicto desatado por la instalación de las papeleras en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Quedó para otra fecha el paso formal hacia la conformación de una comisión binacional integrada por uno o dos expertos que deberá encarar un estudio de impacto ambiental que podría tener carácter vinculante.

La oficialización de la conformación de la comisión binacional se producirá tras la presentación de la auditoría final de la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, que determinó que los estudios de impacto ambiental realizados por la Corporación Financiera Internacional fueron «incompletos». La confirmación de la cumbre tomó forma definitiva ayer luego de que la empresa ENCE, la otra compañía que planea instalarse en la zona del conflicto, anunció por escrito que postergará el inicio de las obras durante 90 días. El mismo tiempo que la finlandesa Botnia aceptó el domingo para facilitar la apertura de un canal de diálogo entre ambos países, según lo habían solicitado Kirchner y Tabaré tras la reunión que mantuvieron el 11 de marzo en Chile durante la asunción de Michelle Bachelet.

«Con el gesto de suspender temporalmente los trabajos de instalación de su fábrica de celulosa en Fray Bentos, el Grupo ENCE esperacontribuir a la resolucióndel conflicto», dijo la empresa en un comunicado.

ENCE compromete «su empeño, en la medida de sus posibilidades, en poner todos los medios a su alcance para que las autoridades uruguayas puedan ofrecer, a los ciudadanos y al gobierno argentino, las evidencias técnicas de seguridad medioambiental que éstos solicitan», añadió.

Información

Es por ello que «ha decidido suspender los trabajos de instalación de su fábrica de celulosa (...) durante un período máximo de 90 días, continuando otras obras vinculadas al movimiento de tierras, trabajos de acondicionamiento ambiental y caminería del parque industrial adjunto a la Terminal Logística de M'Bopicuá en operación», señaló.

«Ahora vamos a satisfacer la demanda de información de la Argentina, en la que explicaremos que nuestra planta utiliza la mejor tecnología y los últimos sistemas y métodos», dijo una fuente de la empresa en España.

«Esperamos que se solucione en los próximos días. Puede que no llegue a los 90 días y, en un mes o mes y medio, esté todo solucionado. Esta paralización en absoluto afecta el cronograma de las obras. Mantenemos nuestro objetivo (de finalizar la planta) en el primer semestre de 2008», enfatizó.

La inversión de las dos plantas, que se levantan en las afueras de la ciudad de Fray Bentos, sobre la costa del río Uruguay, suma unos 1.800 millones de dólares.

El paso anterior a la medida de las compañías europeas había sido el levantamiento de los cortes en los pasos fronterizos desde la Argentina, que habían tensado las relaciones diplomáticas y golpearon la economía uruguaya. Fueron 45 días de barricada sobre los puentes General San Martín, en Gualeguaychú, y General Artigas, en Colón; todos a la altura de la provincia de Entre Ríos.

La intransigencia de los ambientalistas se convirtió finalmente en la moneda de negociación entre el gobierno argentino y el uruguayo. De hecho, Vázquez había dicho que sólo negociaría si se interrumpían los bloqueos.

Ubicación

Por eso, el propio Kirchner envió al gobernador Jorge Busti para que trataran de persuadir a los asambleístas de poner fin a la medida de fuerza con el objeto de facilitar el diálogo en torno al conflicto. Después de dos intentos, finalmente ofrecieron una tregua que permanece atada al seguimiento de las negociaciones oficiales.

Uno de los negociadores argentinos señaló que un eventual traslado de las papeleras sería evaluado por la sociedad uruguaya como una «capitulación» del gobierno de Tabaré Vázquez que se inscribiría en el «sometimiento histórico a los intereses de Buenos Aires».

La otra instancia del conflictoes la posibilidad de que la Argentina concurra ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con factores a favor, como el carácter «inconsulto» del emprendimiento uruguayo, y otros en contra, como la ausencia de una mención específica en el tratado del río Uruguay, refrendado por ambos países en 1975, de la preservación del aire.

El gobierno nacional ya cuenta con el aval del Congreso para recurrir a ese organismo internacional, un respaldo simbólico, ya que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de presentarse ante La Haya sin autorización legislativa.