La fiscal Gabriela Boquin, quien impugnó el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, aclaró que no participó de la audiencia de junio pasado en la que se consensuó la quita de la deuda porque no fue convocada a aquel encuentro.
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"Jamás fui convocada a dicha audiencia y los únicos citados a participar fueron la concursada, el Estado Nacional y las sindicaturas", señaló Boquin en un comunicado en el que adjuntó una copia de aquella convocatoria.
Sostuvo que hizo la aclaración "ante las manifestaciones de miembros del Gabinete nacional en relación a que no habría participado" de aquella audiencia realizada el 28 de junio de 2016, en la que se acordó la propuesta de una importante quita de la deuda que mantenía el Correo y que Boquin impugnó por considerarla "abusiva".
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revisó el acuerdo y en un dictamen que emitió la semana pasada determinó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda.
Boquín señaló que el acuerdo implicaría, según los cálculos realizados por la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero), una quita de más de $4000 millones de pesos en la actualidad y de más de $70.000 millones a 2033.
En tanto, el presidente de la empresa Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, hizo una severa crítica al dictamen elaborado por la fiscal Boquín en el marco del concurso preventivo de la firma, por la "exorbitancia de las inexactitudes" que contiene, "el llamativo y espurio manejo de las cifras" y "la liviandad con que se han expuesto conclusiones erróneas".
La fiscal "no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna y que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos", señaló el titular del Correo Argentino.
Cibils Robirosa efectuó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial una presentación en la que señala "la necesidad de realizar algunas aclaraciones que permitan entender que este proceso concursal es una pieza más dentro de un proceso mucho más complejo de reclamaciones recíprocas entre el Estado" y Correo Argentino.
En tal sentido, señala que no hubo objeciones al acuerdo por parte de la Sindicatura General de la Nación ni de los 600 acreedores que participan del proceso, destaca que se vuelcan valores expresados en pesos argentinos "a un monto absurdamente inflado con tasas inaplicables para este tipo de procesos", y que se trató de "la peor estatización de la historia" argentina.
En el escrito se rechaza la posibilidad de que la Fiscalía forme parte del proceso con facultad de interponer recursos, ya que se trata "de un órgano de opinión no vinculante", y propone que se llame a una audiencia pública con participación de las sindicatura general y controlante, al Estado nacional, a la Procuración del Tesoro y a la Oficina Anticorrupción "a los efectos de encontrar, de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal".
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