La “estrategia del Coyote” o cómo fortalecer a la Corte Suprema

Política

La marcha convocada para el 1-F ofrece un panorama inmejorable para que el máximo tribunal se blinde y el Gobierno pague costos de una iniciativa que nunca originó. Es exactamente el efecto inverso al buscado. Tácticas fallidas y alineamientos sigilosos. Los cuatro proyectos en danza para el Consejo y el riesgo de una poltrona para un supremo por ley.

Si un marciano aterrizara en la Argentina durante este tórrido verano habría que explicarle que en medio de una tensa negociación por un nuevo acuerdo con el FMI y en plena ebullición de la tercera ola de covid se organiza una marcha para el 1 de febrero con el propósito de forzar la renuncia de todos los ministros de la Corte Suprema.

Habría que decirle que la convocatoria fue originada en las redes sociales por un juez penal de un tribunal oral con asiento en la Capital Federal –que integra el Poder Judicial- contra la cabeza de uno de los tres poderes de la República, uno de los cuales integra. Que sectores marginales del kirchnerismo adhirieron de inmediato también vía Twitter y que se le fueron sumando a la iniciativa algunas pocas voces de dirigentes identificados con ese espacio, incluso con condenas firmes dictadas por parte de ese mismo máximo Tribunal. Que el Gobierno mantuvo silencio todo lo que pudo mientras algunos funcionarios murmuraban por lo bajo lo inconveniente de reeditar una pelea con “la Justicia”, en un contexto muy friccionado por otras prioridades. Mientras, los convocantes objetaban esa supuesta pasividad oficial.

Que esa situación se mantuvo hasta que el viceministro de Justicia fue consultado acerca de la marcha contra la Corte y que –cuidándose de no afirmar que el Ejecutivo la auspiciaba- terminó elogiando lo que representa una expresión popular de esas características. Que sus dichos fueron automáticamente transformados en un apoyo explícito por parte del Gobierno a lo que, se presume, ocurrirá el 1-F. Tras eso, el presidente Alberto Fernández repitió una vez más que lo que le cuestiona al máximo tribunal es su “funcionamiento”, sin dar pistas acerca de qué cosa específica es la que cambiaría. Ni si finalmente echará mano de algún proyecto o iniciativa para que se discuta de forma institucional alguna reforma judicial.

A esa altura, comenzaron a lloverle críticas de toda la oposición, se armó un comunicado de la Asociación de Jueces pidiendo respetar la independencia judicial, adjudicándole al Gobierno prácticamente la autoría de la movida. Asociaciones empresarias salieron presurosos a estampar sellos en un comunicado similar. Incluso, se propuso una contra marcha en “apoyo” a la Corte y hasta el procurador general bonaerense Julio Conte Grand –en falsa escuadra por las revelaciones del video del “Gestapo-Gate”- buscó arrimarse para quedar englobado en un supuesto ataque del kirchnerismo a la Justicia, volumen un millón.

Toda la secuencia que duró un puñado de días obligó a la mayor parte de los actores políticos a adoptar posición. Incluso a los mismos que años antes habían fustigado a la Corte con ira similar a partir de frenos impuestos por parte de fallos de ese tribunal, y que lo bautizaron –con sarcasmo- “la mayoría peronista”. De alguna forma inexplicable, todos los papeles se invirtieron.

El Gobierno quedó una vez más enredado en la estrategia del “Coyote”: sus arremetidas incansables contra el Correcaminos siempre tienen el mismo resultado. En este caso, se le agrega un factor inquietante: sin proponérselo y con el mínimo esfuerzo, la Corte será a partir del 2 de febrero más fuerte que antes, cualquiera sea la magnitud de la convocatoria. Esa lectura ocurrió adentro y afuera del mundo judicial. Los jueces corrieron a blindar al máximo Tribunal. Mucho más por ellos mismos que por la Corte, cuya mayoría ya no oficia de mentora de los juzgados federales con causas sensibles para la política.

Si el Gobierno le apunta a la cabeza del Poder Judicial tiene mucha menor chance de éxito que si escogiera con precisión quirúrgica determinado juzgado, fuero, tribunal o Sala de Casación. Se convirtió en una medición de fuerzas innecesaria, pero sobre todo riesgosa. La empresa no tiene chances de éxito pero sí acarrea múltiples costos al oficialismo.

“¿Y si no se colocaran vallas alrededor del edificio de Talcahuano 550 el 1 de febrero?” La sugerencia partió de un camarista con llegada al cuarto piso y ofrecería una postal tentadora para el ingreso de personas al Palacio de Tribunales. Una equivalencia criolla a la toma del Capitolio, una imagen que recorrió el mundo.

Este es el escenario que queda configurado de cara a la movilización y que le da a la Corte una chance inmejorable de salir fortalecida políticamente, alineando tras de sí a los factores de poder previsibles y a otros que por contingencia aprovechan el caos para colgarle facturas al oficialismo. Todo esto sumado a un recapado blindaje para futuros fallos que la Corte tenga en carpeta cuyo resultado es imprevisible.

¿Cómo sentaría una guerra abierta entre dos poderes del Estado para un acuerdo con el FMI? Martín Guzmán se agarra la cabeza como lo venía haciendo el gabinete económico con las prioridades que maneja el oficialismo. Existe casi un componente psicológico que sirve de guía para toda la relación histórica entre el kirchnerismo y la Justicia. Sienten que pierden hasta cuando ganan. Y esa sensación no se conmueve tampoco cuando todo el sistema deduce que ganaron.

En términos mucho más sutiles y por carriles naturales corre la negociación por una nueva ley para el Consejo de la Magistratura, cuya definición no pudo jamás sorprender a nadie pero lo hizo. Con solo tres meses por delante, existen negociaciones en pie con un objetivo: plantear un nuevo proyecto que se ajuste al equilibrio entre estamentos demandado en el fallo pero que excluya a la Corte de tener una poltrona en la cabecera del órgano de selección y remoción de jueces. Más que válida, esa es una pulseada política que la propia Corte habilitó al restituir el formato de 20 miembros y preparándose para desembarcar en el Consejo apenas caduque el plazo de 120 días.

El Gobierno hace fuerza para un número de 17 que conforme a todos. Pero por ejemplo, Pablo Tonelli diputado y consejero del PRO presentó el suyo además de ofrecer como novedad que también cuestionó subrepticiamente a la Corte. El número se lleva a 14 miembros, un representante de la Corte, mantiene tres representantes de los jueces del Poder Judicial de la Nación, reduce a cuatro del Congreso, duplica a cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, y sostiene a un representante del Poder Ejecutivo y a un representante del ámbito académico y científico.

El radical Mario Negri –en lucha por su propia supervivencia en la interna de la UCR- le agregó picante al suyo postulando también que haya un sitial para la Corte (solo que por ley, lo que es un riesgo para el oficialismo, con el aliciente de la marcha anti Corte). La última semana se generó un nuevo proyecto surgido de parte del consejero larretista y abogado Diego Marías.

Lo llevaría hipotéticamente a 15 miembros. Pero lo relevante sería que excluye un representante del Ejecutivo hoy encabezada por una de las principales espadas del oficialismo en la Justicia Gerónimo Ustarroz. Los jueces aumentarían de tres a cinco e igualarían a los del Congreso en el nuevo diseño pero no serían legisladores, sino representantes de las cámaras. Cuatro abogados (dos más que ahora) y un académico.

Pese a tenerlo listo y anunciado, al final de la semana pasada todavía no había ingresado el Congreso.

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