Crecen las objeciones al acuerdo de Olivos

El gobernador de La Pampa, Rubén Marín, se sumó ayer con objeciones a la firma del acuerdo de 12 puntos celebrado el lunes en Olivos con gobernadores y legisladores de todos los partidos. Sin embargo, ese acuerdo político, económico y social seguía ayer cosechando rechazos, en particular el referido a la modificación del cronograma electoral postergando la elección del 30 de marzo al 27 de abril. A los cuestionamientos previsibles de Carlos Menem (que conduce un bloque parlamentario, Azul y Blanco, de 40 integrantes), Ricardo López Murphy y Elisa Carrió (jefa de una veintena de legisladores), se sumó ayer la oposición del interbloque de partidos provinciales -que apoyan electoralmente a López Murphy, formando una confederación-, sin cuyo concurso difícilmente se pueda avanzar en la sesión del Congreso convocada.

Ya habían hecho conocer sus reservas Aníbal Ibarra (Frepaso), Néstor Kirchner (PJ), Adolfo Rodríguez Saá a través de la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme (PJ); Carlos Maestro (UCR), Jorge Sobisch (Movimiento Popular Neuquino) y Ricardo Gómez Diez (Renovador Salteño).

Marín señaló anoche a este diario que la provincia resolvió firmar el acuerdo con el gobierno, tras negociar que se permita la intervención de la provincia en los programas sociales, al mismo tiempo que objetó el cronograma electoral.

El gobernador pampeano -identificado con la candidatura de Menem-explicó que el acuerdo de 12 puntos se resolvió firmar tras una negociación que se realizó con el ministro del Interior, Jorge Matzkin, donde se analizó un nuevo documento con varias modificaciones.

Entre ellas está la intervención de La Pampa en los programas sociales, uno de los puntos que exigía la provincia; y luego que el ministro de Economía de la provincia, Ernesto Franco, discutiera con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso la inclusión de algunos puntos reclamados.

Marín precisó que la firma se hizo con una objeción, relacionada a la fijación del nuevo cronograma electoral que impulsó Eduardo Duhalde en la cumbre de Olivos. «Creemos que la fecha de elecciones es una facultad del Ejecutivo nacional y cambiar la fecha que ya estaba fijada en el 30 de marzo no le hace bien a la sociedad.» Por esto fue que Marín criticó el excesivo intervencionismo de Duhalde en la interna del PJ.

• Observaciones

Las objeciones hechas llegar al gobierno, tanto las asentadas en el acto de la firma como las anunciadas por los medios de comunicación, o las traducidas por jefes de bloques parlamentarios, se pueden sintetizar en las siguientes:

Punto 5: éste establece la aceptación por ley de la renuncia de Duhalde al 25 de mayo de 2003; propone como fecha de elecciones generales el 27 de abril de 2003 (no el 20 porque es Domingo de Pascua); y segunda -en caso de ballottage- el 18 de mayo (aunque en la redacción original figura una semana antes); amén de la suspensión de la Ley 25.611 -de elecciones internas abiertas y simultáneas-, afirma que por esta única vez.

Objeciones: se señaló que establecer la entrega del mando presidencial una semana después de las elecciones suena utópico e inclusive, al haber sido aceptada la renuncia anti-cipada del Presidente, podría obligar a la Asamblea Legislativa a designar otro mandatario transitorio. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de que el escrutinio pueda terminarse en una semana. Y se recordó la última elección presidencial en EE.UU. -cuando el candidato demócrata Al Gore impugnó algunos resultados-, donde el escrutinio definitivo se arrastró por un mes. Tan firme es esta postura, que ya habría decisión de tratar el despacho en minoría -del diputado santafesino Alberto Natale-, producido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, fijando el 11 de mayo como fecha de la segunda vuelta.

Punto 7: por éste se acordó la aprobación, «antes de fin de año», del proyecto de ley cálculo de recursos y presupuesto de gastos de la Administración Nacional de 2003.

Objeciones: es opinión generalizada que en diciembre recién se podría comenzar a estudiar el presupuesto, nunca tenerlo aprobado por su complejidad, que entienden que es una de las exigencias del FMI. Más aún cuando hay que analizar un tope para la afectación de partidas y se deben prever ahorros por $ 1.000 millones.

Punto 9: acá se establece la modificación de la ley de entidades financieras. Y complementariamente se lee en el texto la «eliminación de normas que impliquen restricciones o discriminen a funcionarios encargados de llevar a cabo procesos de rehabilitación cuando actúen de buena fe y en el marco de las normas existentes».

Objeciones: se rechaza la última parte de la redacción del punto 9 porque establece, «en forma encubierta» y otorgando atribuciones que rondan lo arbitrario, un tratamiento especial para los funcionarios del Banco Central.

• Compromiso

Pero no son éstas las únicas observaciones. Los bloques legislativos de la UCR -que se comprometieron con el oficialismo peronista a sentar 60 diputados en el recinto de la Cámara baja-, y cuyos gobernadores y comité nacional firmaron junto a los del PJ este acuerdo el lunes pasado, le hicieron la siguiente reflexión ayer a este diario: «Que el Congreso se reúna para tratar el tema de la postergación de las elecciones es vergonzoso después del tiempo que hace que no se reúnen los diputados para tratar los problemas reales de la gente», se despachó el vicepresidente de la UCR, Juan Manuel Casella, consciente de la dependencia que tiene el gobierno del acuerdo con la UCR para sacar adelante las leyes exigidas por el FMI.