Cuadernos: Calcaterra reconoció que realizó pagos ilegales al gobierno K por "aprietes" de Baratta

Política

Eel exdueño de IECSA, que fue parte del holding de la familia Macri, se presentó en Tribunales ante el juez Bonadio. Tanto él como el ex CEO de la empresa, Sánchez Caballero, se sumaron a la lista de "arrepentidos". Comenzó la ronda de indagatorias.

La causa por el supuesto pago de coimas en la obra pública durante el kirchenrismo arranca una semana clave. Es que este lunes comenzaron las indagatorias a los primeros empresarios detenidos. Pero además, de manera sorpresiva, el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, se presentó en los Tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio y sumó a la lista de "arrepentidos".

Con Macri en la política, Calcaterra quedó como dueño de la empresa IECSA, que pertenecía al holding familiar hasta que fue vendida en marzo de 2017 a Marcelo Mindlin. Al frente de las operaciones se encontraba Javier Sánchez Caballero, actualmente detenido acusado de haber pagado coimas a exfuncionarios nacionales.

Calcaterra se presentó voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como "imputado colaborador" en la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos por la obra pública al Gobierno anterior: dijo que efectivamente ordenó desembolsos en negro pero no a modo de "retornos" por las obras concedidas a su empresa sino en medio de "aprietes" de Baratta para financiar las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015.

Tras su testimonio, Calcaterra dejó los Tribunales en libertad, lo mismo que ocurrió con el ex CEO de IECSA Javier Sánchez Caballero, detenido desde el miércoles y este lunes excarcelado también bajo calidad de "arrepentido".

"Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía", dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio y, si bien avaló los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago, sostuvo que los montos eran inferiores a los allí registrados.

El tercer empresario que se ajustó a la nueva figura penal para aportar información a cambio de reducción de la pena fue Juan Carlos de Goycoechea, entonces director de Isolux Corsán en el país, quien también fue beneficiado con la excarcelación.

Su abogado, Juan Araoz de Lamadrid, sostuvo este lunes que su defendido fue víctima de extorsión y no conformó una asociación ilícita, ya que era presionado con los pagos para que se destrabaran los certificados de obra de la usina de carbón de Río Turbio.

"Creemos que la calificación que le correspondería sería diferente a la de asociación ilícita. Fue víctima de una extorsión por parte de los funcionarios. Si no correspondía a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían", manifestó en declaraciones a radio La Red.

Araoz de Lamadrid señaló además que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitirle la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.

"No eran siempre los mismos montos, pero siempre se relacionaban a un espacio de campaña. Era una extorsión que hacían los funcionarios", insistió el abogado.

• Indagatorias

Durante la jornada, además, declararon en el mismo sentido otros dos empresarios que figuran en los cuadernos del chofer, Alejandro Ivanissevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de MSU, mientras que el juez Bonadio ordenó la detención de un tercero que se negó a dar su testimonio en el Juzgado.

Se trata del empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, una de las personas a las que el magistrado le iba a tomar indagatoria este martes en los tribunales de Comodoro Py, pero que aún no tenía pedido de prisión preventiva.

Ivanissevich y Uribelarrea, en tanto, también declararon que los aportes para la campaña del FPV se los había pedido Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido en Planificación Federal y quien se encuentra detenido en esta causa, indicaron fuentes judiciales.

Según detalló Uribelarrea, en 2015 Baratta le reclamó 100 mil dólares y él los pagó en tres cuotas, una antes de las primarias y las otros dos previas a las generales: además, dijo haberse sentido "presionado" para realizar ese pago, algo de lo que también ratificó en su indagatoria Ivanissevich.

El único prófugo en la causa es Oscar Thomas, quien fuera director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro De Vido, y quien mediante su abogado, José Manuel Ubeira, intenta conseguir ahora la exención de prisión.

Mientras continúa la ronda de declaraciones, Centeno volverá a presentarse ante Bonadio en los próximos días para deslindar algunas dudas de los investigadores, a los que ya se sumó el fiscal federal Carlos Rívolo por decisión de la Procuración General de la Nación, pudo saber NA.

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