El Adjunto I, a cargo de la Defensoría Nacional, Anselmo Sella
La Defensoría Nacional le pidió al Jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, que implemente mecanismos con el objetivo de incluir niñas, niños y adolescentes que actualmente no son alcanzados por la Asignación Universal por Hijo.
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Acualmente, el beneficio social que paga el Estado es de $ 180 y se da a más de 3,5 millones de niños y adolescentes.
Cientos de ciudadanos han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante los inconvenientes que enfrentan para acceder al beneficio establecido por el Decreto 1602/09, de Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
Entre las dificultades puede destacarse: el rechazo de solicitudes originado en supuestos faltantes de documentación y los reclamos relacionados con el insuficiente asesoramiento dado a los potenciales beneficiarios por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) respecto de los requisitos exigidos para una eficaz tramitación del beneficio.
También se ha mencionado en las denuncias el rechazo de solicitudes formulado por la ANSES con motivo de la percepción, por parte del solicitante, de subsidios habitacionales o de algún programa social. Además, han sido excluidos los beneficiarios de pensiones no contributivas otorgadas a madres de siete hijos o más, y aquellos que perciben una pensión graciable o por vejez.
El Adjunto I, a cargo de la Defensoría Nacional, Anselmo Sella, destacó que la norma que crea la Asignación Universal establece que debe acreditarse el cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos educativos públicos, lo que margina de hecho a quienes concurren a colegios de gestión privada. "Nuestro objetivo es contribuir a solucionar las solicitudes provenientes de familias de escasos recursos que bregan para que sus hijos continúen sus estudios en establecimientos que, si bien son privados, reciben asistencia del Estado para aliviar el aporte que deberían realizar", aseguró Sella.
En la parte resolutiva, el Adjunto I le recomienda "al Jefe del Gabinete de Ministros la implementación de mecanismos tendientes a ampliar los alcances del decreto 1602/09 y de la resolución de la ANSES, con el objetivo de incluir a niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina cuyos beneficiarios no perciben la asignación familiar prevista por la ley en tanto no alcanzan un ingreso equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, y a todos aquellos que concurran a establecimientos educativos de gestión privada con subvención estatal y bajos aranceles".
Esta recomendación de la Defensoría Nacional fue puesta en conocimiento, asimismo, de la ANSES, los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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