La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados demoró ayer por 15 días el tratamiento del proyecto para modificar la estructura de la Auditoría General otorgándole más poder al Congreso, estableciendo plazos para la presentación de la Cuenta de Inversión anual y modificando la duración del mandato de sus miembros. La falta de quórum en la comisión le impidió al kirchnerismo avanzar con la firma del dictamen y por eso la nueva fecha dentro de dos semanas.
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Para la oposición el tema ya pasó a la agenda de campaña. Claudio Lozano denunció que violenta el artículo 85 de la Constitución nacional al quitarle independencia a la AGN: «Si la propuesta oficial se aprueba, el país se encontraría frente a la grotesca paradoja de que todo el control externo (que pueden ejercer el Congreso y los organismos técnicos) estaría en manos del propio oficialismo», dijo.
Lozano se basa en que el control del Congreso que se pretende aumentar sobre la Auditoría, sobre todo en cuanto a las técnicas de investigación que podrán utilizar y el temario de auditorías a realizar, «el oficialismo profundiza su estrategia de concentración autoritaria de poder en el Ejecutivo, en línea con lo hecho con los superpoderes al jefe de Gabinete, la composición del Consejo de la Magistratura y la intervención en el INDEC».
Ese proyecto, que cuenta con las firmas de Alberto Balestrini, Agustín Rossi, Oscar Lamberto y Patricia Vaca Narvaja, modifica la Ley de Administración Financiera del Estado y los Organos de Control, norma madre que rige la auditoría y su relación con el Congreso de quien depende.
Lozano no fue el único en cuestionar el cambio. Desde el radicalismo, Víctor Zimmermann también apuntó a la intención kirchnerista de « propiciar una modificación a la legislación para controlar el manejo que hace el gobierno de las cuentas públicas».
«Tenemos preocupación por esta intención que tiene el oficialismo. Nosotros planteamos la necesidad de una mayor discusión de un proyecto con estas características», dijo. Y por supuesto el caso Skanska también se coló aquí: «Hay algunas cosas que realmente no están claras. A nosotros nos preocupa mucho que en medio del escándalo que tiene este gobierno con el caso Skanska, donde ya hay personas detenidas y que tiene que ver con dineros públicos que se pagaron a la empresa, y que luego se produce una transferencia entre empresas, se quiera de alguna manera traer un proyecto en el que se quieren modificar los sistemas de control de las cuentas públicas».
Desconocimiento
De todas formas, el radical Miguel Giubergia, vicepresidente de Presupuesto y Hacienda, pidió 15 días para analizar el proyecto, como si no lo conociera. En realidad, quien no lo conocía era el público, hasta que este diario reveló detalles de este proyecto que aliviaría los controles sobre la gestión del gobierno.
El kirchnerismo plantea que la modificación es una mera adecuación de las normas que rigen la Auditoría a la Constitución nacional. De hecho sostienen que se introducen tecnologías de análisis como la de «gestión por resultados» y que los mandatos de los auditores se reducen de los actuales ocho años a cuatro para poner al organismo en línea con el similar período presidencial que fija la Constitución.
En cuanto a los plazos para la presentación de los informes de la AGN al Congreso, el proyecto establece que la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso deberá girar en un plazo de tres días a la Auditoría la cuenta de inversión una vez enviada por el gobierno. Antes del 1 de mayo de cada año deberá aprobarse la Cuenta de Inversión -rendición del Poder Ejecutivo sobre la ejecución del gasto durante cada año- del penúltimo año, de lo contrario el Congreso deberá dar explicaciones sobre la demora.
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